El Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral falló a favor de una repartidora de Pedidos Ya y ordenó que sea reincorporada a su puesto.

Tras ser desvinculada sin previo aviso ni causa aparente, Natalia Belén De Battista, repartidora de la aplicación Pedidos Ya, solicitó una “medida cautelar innovativa de reinstalación a su puesto de trabajo”, en pertinencia con los decretos dictados por el Gobierno nacional que prohíben los despidos sin causa.

Luego de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral revisara su caso, presentado por la Asociación de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario, falló a favor de la denunciante. Ahora, a partir de la decisión de la jueza Paula Verónica Calace Vigo, la empresa Pedidos Ya deberá restituir en su puesto laboral a Natalia De Battista en el lapso de tres días desde la notificación de la resolución judicial.

Asimismo, el expediente ratifica que Pedidos Ya “obstruyó el uso de la aplicación para smartphones ‘roadrunner’, remitiendo un e-mail por el que rescindió la relación habida, lo que colocó a la actora en una situación de total desamparo”.

Cabe destacar que, si bien la trabajadora debía pagar su monotributo, contaba con una motocicleta para realizar los envíos, un celular con la plataforma instalada y realizaba sus tareas en una franja horaria y una zona determinadas por la empresa, lo que explica perfectamente el vínculo laboral existente.

De ese modo, la jueza aseguró que la empresa “desconoce las pautas de estabilidad de los DNU dictados, el estado de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa y demás derivadas del Covid-19”.

“La denunciante trabajaba en la intemperie utilizando espacios públicos (plazas, etcétera) sin lugar físico para descanso, aseo o realizar sus necesidades fisiológicas”, detalla el expediente.

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Así lo afirmó Pablo Palacio, dirigente de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, en referencia al conflicto que existe con los empresarios del agro.

La Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) anunció que continuará la medida de fuerza que se viene llevando adelante en los puertos granarios a nivel nacional. Dicha protesta se realiza desde hace quince días en conjunto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), dirigida por Daniel Yofra.

Mediante un comunicado titulado “Navidad en huelga”, ambos gremios informaron que continúan sin recibir propuestas “dignas de ser analizadas”, y que continuarán con su repudio a “la intransigencia de las patronales agroexportadoras que se niegan a completar la pauta salarial del 2020 y dar un aumento digno para el 2021”.

Asimismo, los gremios denunciaron que los empresarios del agro están buscando “disciplinar a los trabajadores y conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio, y la salida de la pandemia tan esperada no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado”.

De esta manera, los trabajadores recibidores de granos junto con los aceiteros rechazaron la propuesta salarial presentada por las cámaras  empresarias, señalando que “el aumento que proponen a los aceiteros -que no recompone el salario del 2020 y se escalona hasta dentro de 8 meses- sería no remunerativo. Esto quiere decir que las empresas que más ganan no piensan pagar las cargas y contribuciones patronales correspondientes, desfinanciando al Estado nacional en un momento crítico como el que atravesamos desde la llegada de la pandemia. La quieren todas para ellos”.

En esta línea, el comunicado subraya la intención empresaria de “extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo”. Además, declararon: “No sólo buscan la aprobación de su proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial que ellos mismos crearon y presiden, que implica nuevas rebajas de retenciones para las agroexportadoras y otros beneficios fiscales, sino que al no liquidar divisas continúan apostando a una nueva devaluación del peso argentino que también redundaría en una nueva recomposición de sus extraordinarias ganancias”.

“Algunos pueden creer que estamos solos, librados a nuestra suerte. Que sepan que estamos decididos a llegar hasta el fin, y contamos con algo que desconocen las patronales: la solidaridad obrera”, concluye el comunicado.

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Si bien destacaron el pase a planta permanente de 29.000 trabajadores que alcanzó el gremio, los trabajadores de ATE en el INDEC calificaron el incremento del 25% como “insuficiente”.

Los trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) emitieron un comunicado mediante el cual expresan su desacuerdo con la última negociación paritaria rubricada por el gremio, que consiste en un incremento salarial del 25% anual percibido en tres tramos, y en el pago de un bono de $4000 por fin de año a aquellos trabajadores cuyo sueldo no alcance los $60.000 mensuales.

Rául Llaneza, Fabio Peñalva y Marcela Almeida, referentes de la entidad, afirmaron que dicho acuerdo “no es del todo suficiente” y pidieron, en el comunicado, “que el árbol no tape el bosque”. Sin embargo, valoraron la iniciativa del Gobierno nacional de realizar el pase a planta permanente de 29.000 trabajadores estatales. En relación a esto, desde el organismo exigieron que estos pases se produzcan sin pérdida salarial y que se trabaje en la creación de un nuevo plan que contemple a todos los trabajadores en una única planta permanente jerarquizada, con el objetivo de evitar el clientelismo, la ausencia de igualdad de oportunidades y el fraude laboral.

“Los trabajadores del Estado continúan reclamando una compensación por gastos extraordinarios afrontados al ofrecer los bienes y servicios personales para cumplir las tareas durante la pandemia de coronavirus. Y también los insumos mobiliarios para que ello no significase un deterioro de la salud”, apuntaron en el comunicado.

“No hubo cláusula de revisión salarial ni en noviembre de 2019 ni en marzo último, como fue previsto. El 7% otorgado hace dos meses debía haberse tomado como cierre de la paritaria 2019-20, conformando un 25% total para ese período”, detallaron en la misiva.

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Alberto Fernández anunciará el pago de un bono que forma parte del plan Potenciar Trabajo y alcanzará a 50.000 trabajadores de comedores comunitarios.

El pago del bono será anunciado el próximo viernes a la mañana por el Primer Mandatario desde la municipalidad de Moreno junto al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; Mariel Fernández, Intendenta de la localidad; y Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Formación e Integración del ministerio.

Asimismo, este monto extraordinario es un complemento a la canasta navideña que el Gobierno suele repartir cada año a los diversos comedores comunitarios del país.

Además, la bonificación forma parte del programa Potenciar Trabajo, el cual alcanzan a más de 700.000 trabajadores que perciben la mitad del salario mínimo.

Por su parte, desde la cartera que dirige Arroyo prevén poner en marcha un presupuesto que superará los $63 mil millones para tener un “diciembre tranquilo”. Esta inversión estará repartida entre la Tarjeta Alimentar, un incremento de $6000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y el bono destinado a los empleados de comedores comunitarios.

“El balance del año, teniendo en cuenta la pandemia que azota al país desde marzo, es bueno. Se pudo fortalecer la red de política social”, declaró Menéndez en comunicación con Crónica.

El Subsecretario afirmó que para el año que viene “tenemos el horizonte puesto en el trabajo”. Desde el Ministerio de Desarrollo apuntan a equilibrar un “50% de asistencia social y 50% de trabajo”.

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A través de una carta documento dirigida a la empresa Coppel, el SEC le comunicó a la empresa que se “abstenga de retener la cuota de afiliación de $130” de los haberes de los trabajadores, y que existen “otras vías y medios de pago disponibles”. Uno de los argumentos esgrimidos fue el “resguardo de la libertad sindical” cuando, en realidad, esta medida es completamente lo contrario, ya que busca desalentar a los trabajadores de la actividad gremial.

Esta medida anti sindical fue denunciada por Mario Amado, titular de la Agrupación La Voz de Comercio y referente de Coppel, mediante un comunicado enviado a Armando Cavalieri, actual Secretario General del SEC. Identidad Sindical se comunicó con Mario Amado, quien afirmó que “este acto constituye un atentado a la libertad sindical” y que su objetivo es “dejar fuera de la vida sindical a trabajadoras y trabajadores”.

Además de obligar a los trabajadores a viajar hacia una oficina para abonar la cuota en pleno avance de la pandemia, esta decisión les quita a los empleados el beneficio de recibir pañales, útiles, o utilizar los predios de recreación en un futuro.

Asimismo, el líder de La Voz de Comercio -quien expresó su intención de ser candidato a Secretario General del sector- declaró que “hace años que quienes trabajan en Coppel aportan la cuota a través del descuento en el recibo de sueldo, es su derecho seguir haciéndolo”, y se pregunta si esta nueva medida es “el camino para acallar a quienes pensamos diferente”.

Cabe destacar que el autor material e intelectual de esta medida fue Carlos Pérez, actual Presidente de OSECAC, quien buscó consenso entre sus pares durante una reunión de la comisión directiva de CABA, con la presencia del mismísimo Armando Cavalieri.

En tanto, Identidad Sindical se comunicó con un alto dirigente de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) quien confirmó que “hay un gran porcentaje de dirigentes de CABA que cuestionan estas decisiones, y encima después buscan consenso de los dirigentes”. Consultado sobre Carlos Pérez, el dirigente comentó que el titular de OSECAC “atenta contra las afiliaciones”, y añadió: “Acá todos sabemos que es un dirigente anti delegados gremiales, dice que son innecesarios. Él tiene muy buena relación con un sector del empresariado nacional que no quiere que haya organización dentro de las empresas”. En esta línea, cabe señalar que Carlos Pérez le quitó el poder de afiliación al SEC a Luis Sainz, Secretario de Organización, para dárselo a su propio hermano Gerardo Pérez, quien controla cada una de las afiliaciones que ingresan al gremio.

Esta decisión de terminar con el descuento automático de la cuota sindical fue tomada por Carlos Pérez -quien viene a ser el elegido “momentáneo” de Cavalieri teniendo en cuenta que faltan dos años para la elección- sin contar con el consenso necesario, lo que resulta llamativo para este contexto en donde el “Gitano” Cavalieri tiene muy en claro la dificultad y el perjuicio que esto le genera a las arcas del gremio, especialmente en un contexto en el que, a causa de la pandemia, se perdieron miles de puestos de trabajo a causa de locales cerrados, y la recaudación del gremio mermó en un 30%.

Por otro lado, desde el SEC de zona oeste y zona sur se sumaron al apoyo de la denuncia hecha por Mario Amado en contra de esta medida antisindical. En tanto, Identidad Sindical intentó comunicarse con Luis Sainz de Organización, Polo Martínez, Secretario de Prensa , y también con Graciela Vázquez, apoderada del SEC Capital Federal, pero no hubo respuesta alguna.

Sentar este precedente en la arena sindical despertó el temor de algunos dirigentes, quienes temen que pase lo mismo entre sus propias filas del oficialismo, para que no puedan presentar avales y demostrar su fuerza.

Para concluir, cabe preguntar: ¿Esta lucha interna le servirá al octogenario Cavalieri o sólo contribuirá a que pierda fuerza?

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