En una situación sorprendente y preocupante, las elecciones de delegados del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital (SEC) en la empresa Coppel han generado una controversia significativa. Uno de los candidatos, Daniel Benítez, se encuentra bajo acusaciones de abuso sexual, mientras que su contrincante, Noelia Pieruzzini, es la víctima de dichos abusos. La elección está programada para el día de mañana a las 11:00 a.m. en la sucursal ubicada en Av. Rivadavia 11526, en el barrio de Liniers.

La presencia de un candidato con denuncias tan graves ha generado indignación entre los trabajadores y la opinión pública en general. Se esperaba que el Sindicato de Empleados de Comercio, encargado de organizar las elecciones, velara por la integridad y seguridad de sus afiliados, especialmente en un caso tan delicado como el abuso sexual. Sin embargo, la inclusión de Daniel Benítez como candidato ha planteado interrogantes sobre los protocolos y criterios utilizados para seleccionar a los aspirantes.

Asimismo, Daniel Benítez no podrá votar a su propia lista debido a una orden de restricción emitida en su contra. Esta medida de protección fue impuesta por las autoridades judiciales luego de que la víctima denunciara los hechos. A pesar de esta evidencia y las serias acusaciones en su contra, el SEC ha permitido que Benítez continúe con su candidatura.

El gremio ha sido identificado como el responsable de la convocatoria a estas elecciones. Ante la situación desatada, diversos sectores del sindicato han exigido la intervención del Ministerio de la Mujer para impedir que un presunto abusador sexual ocupe un puesto de representación y poder en la empresa.

La inclusión de Daniel Benítez como candidato ha generado un clima de tensión e incertidumbre entre los trabajadores de Coppel, así como en el sindicato mismo. La credibilidad y la imagen del sindicato están en juego, y muchos se preguntan cómo es posible que se haya permitido la postulación de un individuo con acusaciones tan graves.

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Una nueva condena pone en aprietos a la multinacional Carrefour y dispara las alarmas en el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital. La Justicia sentenció a José Rolando Belo, delegado gremial, con mandato vencido e integrante de la Agrupación Mercantil “La Voz de Comercio”. El Tribunal oral en lo criminal y correccional N° 12 de CABA, lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por el delito de “abuso sexual simple en calidad de autor”.

La denunciante es una trabajadora de maestranza del Sindicato del SOM, que sufrió este abuso mientras cumplía funciones de limpieza, en uno de los pasillos de las sucursales de la cadena francesa y José Belo se le acerco desde atrás.

En exclusiva Identidad Sindical tuvo acceso al fallo que, además, resolvió que Belo debe hacerse la extracción de su muestra de sangre para el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Asimismo, el foco se centra dentro de la Agrupación “La Voz de Comercio”, que conduce Mario Amado otro personaje que estaría envuelto en denuncias sobre acoso y violencia de genero.

Por otra parte, la semana pasada diversos medios sindicales dieron a conocer la noticia de la condena de Sebastian Aramela, trabajador de Disco y ex delegado gremial de Comercio, quien fuera condenado por abuso sexual simple contra otra trabajadora de Cencosud.

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La víctima de 23 años denunció que fue encerrada en una garita de control caminero, donde dos efectivos policiales, de 35 y 40 años, abusaron sexualmente de ella, en una ruta de la localidad cordobesa de Brinkmann.

Una agente de 23 años denunció que fue encerrada en una garita de control caminero, donde dos efectivos policiales, de 35 y 40 años, abusaron sexualmente de ella, hecho que, según la denuncia, ocurrió en una ruta de la localidad cordobesa de Brinkmann, en el departamento San Justo del este provincial, informaron este martes fuentes judiciales.

La denuncia se había formalizado ante el fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de San Francisco y luego derivada, por cuestión de competencia jurisdiccional, al fiscal de la localidad de Morteros, Juan Ávila Echenique.

Este fiscal caratuló a la causa como “abuso sexual simple, agravado por la función y condición de jerarquía superior”.

Las autoridades de la institución policial decidieron, preventivamente, el apartamiento de los dos efectivos denunciados mientras se sustancie el sumario administrativo policial y la investigación judicial, según indicaron las fuentes.

La denuncia de la mujer policía, según lo que se conoce hasta el momento, sostiene que junto a los dos denunciados cumplía guardia en un puesto de control policial caminero en las cercanías de Brinkmann, en la intersección de las rutas 1 y 7.

Según la denunciante, en ese lugar fue encerrada en la garita por sus dos compañeros y manoseada hasta que pudo liberarse el ataque, escapar y más tarde hacer la denuncia ante la policía y en la sede judicial de San Francisco.

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