“Vemos con preocupación el nivel de contagios y muertes que hay en Argentina”, dijo el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Corrientes sindicales de la CGT junto a la CTA de los Trabajadores y asociaciones de PYMES instaron al gobierno y a todas las administraciones provinciales a “aplicar las máximas restricciones de circulación para dar tiempo a la campaña de vacunación”. En diálogo con AM750, el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, expresó su preocupación por la suba de casos.

El planteo de las corrientes sindicales fue planteado a través de un comunicado conjunto titulado “Primero está la vida. Ya no hay tiempo. Ahora hay que parar”, que salió a la luz en las últimas horas.

“Debe aplicarse una estricta suspensión de actividades con aislamiento preventivo y obligatorio en las zonas con mayor riesgo epidemiológico“, plantearon las organizaciones sindicales.

“Vemos con preocupación el nivel de contagios y muertes que hay en Argentina”, dijo el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

El representante de los bancarios sostuvo que si no se cumplen los protocolos, se pone en riesgo la vida de los trabajadores esenciales. “Si alguien decide no cumplir las restricciones se le debe caer con todo el peso de la ley”, expresó.

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La iniciativa procura proteger a las trabajadoras de toda conducta directa o indirecta que en los ámbitos público o privado afecte a las trabajadoras y su seguridad personal por razones de género, y detalla que ante ese tipo de situaciones se resguardará “el derecho a la privacidad de empleada y familia”.

Las partes convinieron como parte de las licencias establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en el convenio colectivo bancario 18/75 y en los acuerdos complementarios, y a partir de hoy, “una licencia especial con goce de haberes de hasta 5 días corridos por año para ese personal” bajo relación de dependencia, informó esta tarde la organización sindical nacional.

Los bancos deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar “la confidencialidad” de la información sobre los casos objeto del protocolo.

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