En medio de las crecientes tensiones por la precarización laboral y los reclamos salariales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha anunciado que derogará el polémico decreto 8464, el cual criminaliza la protesta social. Sin embargo, esta decisión ha sido acompañada por una amenaza dirigida hacia los docentes, quienes actualmente se encuentran en un paro por tiempo indeterminado.

“Me comprometo a derogar ese decreto“, afirmó el gobernador Morales en una conferencia de prensa. No obstante, también advirtió que, si los docentes y trabajadores no levantan la medida de fuerza, se descontarán los días de huelga y el presentismo. Esta postura ha generado preocupación y malestar entre los sindicatos y los manifestantes.

“El gobierno nunca ha negado el diálogo“, aseguró Morales, quien también se desempeña como precandidato presidencial por la UCR (Unión Cívica Radical). Sin embargo, hizo hincapié en su llamado a los docentes para que regresen a las aulas y finalicen el paro antes de iniciar cualquier tipo de negociación.

El decreto 8464, que será derogado próximamente, ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sindicatos. Dicho decreto permitía considerar como “agresiones” las acciones de protesta social, incluso cuando se desarrollaban de manera pacífica. Su derogación representa un paso importante en el reconocimiento del derecho a la manifestación y la libertad de expresión en la provincia.

No obstante, la amenaza de descuentos por parte del gobernador ha generado una nueva controversia. Los docentes argumentan que su paro responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades frente a los reclamos salariales y las condiciones laborales precarias. La postura intransigente del gobernador podría obstaculizar aún más la búsqueda de soluciones y profundizar el conflicto.

“Señor gobernador, los conflictos en curso no se solucionan con prepotencia, extorsiones ni amenazas. El pueblo jujeño hace más de una semana perdió el miedo“, manifestaron los gremios en el comunicado. En él, también exigieron que se atienda el conflicto docente hasta su resolución por consenso y en paritarias, así como la reapertura inmediata de las paritarias generales y sectoriales para todos los trabajadores estatales de la provincia.

Para concluir, las organizaciones sindicales continúan defendiendo los derechos laborales de los docentes y exigiendo un diálogo constructivo por parte del gobierno para encontrar soluciones justas y equitativas. La postura firme de los gremios refleja la determinación de los trabajadores en defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales en la provincia de Jujuy.

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El sindicato que representa a los trabajadores municipales de Jujuy denunció 39 despidos en cinco municipios distintos de la provincia.

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la Provincia de Jujuy (SEOM) afirmó que durante la semana pasada fueron despedidos 22 trabajadores en Pampa Blanca, y esta semana se agregaron 7 despedidos en Fraile Pintado, 4 en Palpalá, 3 en Huacalera y 3 en Maimará, sumando así 39 despidos injustificados que responden al Gobernador Gerardo Morales.

Mediante un comunicado, el SEOM declaró: “El conjunto de municipales cesanteados son precarizados (Jornalizados y Planes en negro) que cobran entre $2500 y $10000 mensuales, que cumplen tareas de servicios esenciales (como recolección de residuos) y son en su mayoría mujeres, único sostén de familia”.

A raíz de esto, los dirigentes del sindicato anunciaron que realizarán medidas de fuerza durante hoy y mañana, que involucrarán conferencias de prensa y radios abiertas en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Además, para el jueves 14 harán un paro activo y movilización en rutas.

Conjuntamente, desde el gremio señalaron que las administraciones que están realizando estas cesantías laborales responden directa o indirectamente al Gobierno de Gerardo Morales, y así se pretende “abrir vacantes” para ser ofrecidas de cara a la campaña electoral.

Cabe destacar que estos despidos se están dando en el marco de vigencia del decreto que prohíbe las desvinculaciones laborales en pandemia. “Es inaceptable que encima que les pagan salarios de indigencia los dejen sin trabajo en medio de una pandemia”, apuntaron desde SEOM.

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Romina Canchi, Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy, denunció haber percibido múltiples disparos en la puerta de su casa durante la madrugada del sábado.

Según testimonios, dos sujetos que no se han identificado aún efectuaron numerosos disparos de bala en la puerta de la casa de Romina Canchi en San Salvador de Jujuy e hirieron a su compañero de un tiro en la pierna. En un comunicado oficial, la central obrera afirmó que la víctima se encuentra fuera de peligro.

Desde el gremio apuntaron que “si bien el hecho se enmarca en un episodio de robo a mano armada, desde la CTA Autónoma entendemos que es al menos sospechoso que el ataque se realice en un momento donde nuestra compañera se encuentra denunciando al poder político de Jujuy por la profundización de la violencia machista en la provincia”, en clara referencia al Gobernador Gerardo Morales.

El documento -que lleva la firma de los Secretarios Adjuntos Hugo Godoy y Claudia Baigorria y Ricardo Peidró, Secretario General- es un llamado a los funcionarios del Estado a tomar las medidas pertinentes para resguardar la seguridad de las víctimas.

“Respaldamos y acompañamos las acciones que realice la CTA Autónoma Jujuy a fin de reclamar la inmediata investigación de lo ocurrido el sábado a la madrugada, a fin de dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque”, concluye la misiva.

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El gobernador Gerardo Morales, durante la jornada de ayer instruyó a los ministros de Hacienda, Carlos Sadir, y de Trabajo, Normando Álvarez García, para que convoquen a todos los gremios que representan a los trabajadores estatales a negociaciones paritarias.

De acuerdo a lo que trascendió en Casa de Gobierno anoche, las reuniones entre funcionarios provinciales y gremialistas comenzarían mañana, aunque esto se definiría en las próximas horas.

Como se sabe, los gremios estatales vienen exigiendo desde hace tiempo la convocatoria del gobierno, atendiendo a que este año no hubo ninguna mejora salarial para el sector, aunque el Ejecutivo vino cumpliendo con el pago de los salarios pese a las restricciones provocada por la pandemia de coronavirus.

Debido a las importantes bajas en los recursos por coparticipación federal y recaudación, por la paralización de actividades para frenar la propagación de la enfermedad, el gobierno debió tomar un crédito para afrontar esta y otras obligaciones por lo menos hasta fin de año, como el caso de los salarios.

En lo que va del año, solo se pagaron bonos a trabajadores de la salud y efectivos de la Policía, por ser los sectores más ocupados en la atención de los contagiados por Covid-19. Además, el gobierno se vio obligado a destinar importantes recursos en infraestructura, equipos, medicamentos y especialistas para afrontar la pandemia.

Los gremios vienen señalando que la mejora salarial debe contemplar no solo la inflación de este año, sino también los desfasajes de los cuatro últimos.

Via El Tributo Jujuy

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