En medio de un conflicto laboral por el pedido de recomposición salarial, las Empresas de Remolques han tomado una medida que pone en riesgo la seguridad de los puertos en todo el país. La Cámara Armadora de Remolcadores (CAR), en respuesta a la medida de fuerza decretada por las organizaciones gremiales nucleadas en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F), ha decidido desembarcar a todos los tripulantes de los remolcadores, dejando a las terminales portuarias sin embarcaciones disponibles en caso de emergencia.

El conflicto tiene su origen en la paritaria del sector, cuyo vencimiento ocurrió el 31 de marzo. La CAR ha condicionado la discusión salarial a través de propuestas de flexibilización laboral en las jornadas de trabajo y tareas dentro del puerto. Esta postura se debe a un cambio en la presidencia de la Cámara, asumiendo Christian Burgauer, Gerente Comercial de SVITZER SA, una multinacional dependiente de Maersk, una empresa monopólica a nivel mundial. Se denuncia que SVITZER pretende implementar estrategias de dumping en todos los países, buscando obtener todos los mercados y servicios, lo que podría resultar en trabajos precarios en Argentina.

Desde los gremios del sector se ha señalado que esta situación va más allá de una mera cuestión de costos, y que representa un posicionamiento político en un año electoral. Se destaca que SVITZER ingresó al país en 2017 con el apoyo del gobierno de Mauricio Macri, presentándose y ganando una licitación sin contar con buques en Argentina, y reduciendo las tarifas de los servicios en un 80%. Ignacio Penco, quien trabajó en la Subsecretaría de Vías Navegables y de la Marina Mercante en aquel momento, ahora ejerce como abogado de la CAR y responde directamente a los intereses de SVITZER.

Las organizaciones sindicales involucradas en el conflicto son el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante. Todas estas agrupaciones forman parte de la FESIMAF (Federación Sindical Marítima y Fluvial), creada en noviembre del año pasado. Ante la falta de respuesta por parte de las empresas, los sindicatos han llevado a cabo reuniones informativas en distintos puertos del país, explicando la situación y anunciando que resistirán cualquier tipo de presión empresarial para lograr una justa recomendación salarial para sus representados.

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La Provincia de Buenos Aires puso en marcha diversas políticas con el objetivo de reducir la desigualdad de género que existe en el sector portuario, donde las mujeres representan sólo el 24% del total de la plantilla.

La administración bonaerense ejecutó políticas para reducir la desigualdad de género en las terminales de la Provincia, donde las mujeres explican el 24% del total, mientras que los hombres representan el 76% restante. En el caso del trabajo en el muelle, esta brecha se amplía al 95%.

Así, la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, implementó el programa “Puertos en Clave de Géneros”, el primer relevamiento de género en la historia de la provincia. El objetivo de esta iniciativa es conocer el nivel de inserción que tienen las mujeres y personas de otros géneros, las características de sus empleos, la posibilidad de acceso o no a cargos jerárquicos, y los espacios y derechos a los cuales pueden acceder en sus espacios de trabajo.

Los datos relevados en los puertos comerciales consorciados de la Provincia de Buenos Aires, como San Nicolás, San Pedro, Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Coronel Rosales y Bahía Blanca, arrojaron como resultado que en los Consorcios de Gestión Portuaria Bonaerense trabajan un total de 543 trabajadores, de los cuales el 76% son varones (413 en términos nominales) y solo el 24% mujeres (130), distribución que se mantiene también en el acceso a cargos jerárquicos en funciones con altos niveles de responsabilidad.

Además, los empleos en muelle son ocupados en un 95% por varones, y solo el 5% lo es por mujeres en todos los tipos de trabajo (muelles, operadores de equipo y limpieza, seguridad y mantenimiento), a excepción del caso de las tareas administrativas en que esta brecha se reduce al 66%.

La directora de Estrategias Portuarias, Amy Paladín, agregó: “Más aun, no existen personas de otros géneros empleados en ninguno de los consorcios”.

“Este tipo de programas son necesarios también para conocer el nivel de implementación de políticas como pueden ser los protocolos contra las violencias de género, las licencias derivadas de eso, los lactarios, y los jardines maternales paternales, entre otros”, declaró la funcionaria.

Asimismo, el informe detalló que, al analizar los niveles de estudios, “las mujeres se encuentran, sin embargo, más calificadas que los varones para ocupar dichas tareas”, ya que el 39% de ellas cuentan con estudios universitarios y de posgrado completos, mientras que en los varones ese porcentaje solo alcanza al 9%.

La Directora provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria, Jésica Aspis, dijo que esta desigualdad “se sostiene en argumentos que refuerzan estereotipos de género, como el de una fuerza suficiente para realizar una tarea”.

“El diagnóstico no solo es fundamental para conocer el estado de situación real y planificar acciones, sino también para poder contar con un marco de referencia que permita evaluar al final de la gestión el verdadero impacto de las mismas”, señalo Aspis en diálogo con la Agencia Télam.

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La Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera endureció el paro en el puerto para exigir una recomposición salarial más el pago de un bono.

Desde principios de mes, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) en conjunto con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) llevaron adelante una huelga a nivel nacional que detiene la industria aceitera y también la exportación de granos.

Desde los gremios se exige un incremento salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Asimismo, señalaron que las cámaras empresarias intentaron utilizarlos como un elemento de desgaste para el Gobierno Nacional y repudiaron su accionar. “Nunca fue un tema de plata, es político, nos usan para limitar al gobierno y desgastarlo”, declararon en un comunicado.

Luego de la sexta jornada de protesta consecutiva, las cámaras del sector comenzaron a sentir el impacto del paro y sostienen que se está cortando la cadena de pagos. A raíz de esto, plantearon su intención de negociar con los gremios y acordaron un encuentro presencial entre las partes que se realizará en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), afirmó que este conflicto genera pérdidas millonarias y planteó la necesidad de retomar el diálogo en una mesa de negociación.

“Las medidas adoptadas, en momentos en que se encuentran desarrollando las tareas de la cosecha fina, además de afectar el normal desarrollo de la actividad agropecuaria y alterar el desenvolvimiento de todos los eslabones de la cadena agroindustrial en general, perjudican especialmente a los productores”, dijo en comunicación con la Agencia Télam.

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