Una nueva condena pone en aprietos a la multinacional Carrefour y dispara las alarmas en el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital. La Justicia sentenció a José Rolando Belo, delegado gremial, con mandato vencido e integrante de la Agrupación Mercantil “La Voz de Comercio”. El Tribunal oral en lo criminal y correccional N° 12 de CABA, lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por el delito de “abuso sexual simple en calidad de autor”.

La denunciante es una trabajadora de maestranza del Sindicato del SOM, que sufrió este abuso mientras cumplía funciones de limpieza, en uno de los pasillos de las sucursales de la cadena francesa y José Belo se le acerco desde atrás.

En exclusiva Identidad Sindical tuvo acceso al fallo que, además, resolvió que Belo debe hacerse la extracción de su muestra de sangre para el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Asimismo, el foco se centra dentro de la Agrupación “La Voz de Comercio”, que conduce Mario Amado otro personaje que estaría envuelto en denuncias sobre acoso y violencia de genero.

Por otra parte, la semana pasada diversos medios sindicales dieron a conocer la noticia de la condena de Sebastian Aramela, trabajador de Disco y ex delegado gremial de Comercio, quien fuera condenado por abuso sexual simple contra otra trabajadora de Cencosud.

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Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada Alejandra Vigo, quien propone que las obras sociales garanticen asistencia médica a víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

Alejandra Vigo, Diputada Nacional por la Provincia de Córdoba, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que plantea que las obras sociales garanticen asistencia médica a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

“Estas organizaciones deben generar políticas pensadas por y para sus afiliadas. Brindar soluciones para nuestras mujeres y nuestro país nos debe encontrar en una alianza de todos los sectores“, expresó la funcionaria.

Asimismo, cabe mencionar que la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (O.S.S.A.C.R.A.), entidad que preside la diputada, manifestó su adhesión al proyecto e informó que ya incluyó en su cartilla la asistencia de las mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

“Los sindicatos no pueden ser ajenos a las transformaciones en el mercado laboral donde las mujeres cada vez tenemos más participación y reconocimiento. También estas organizaciones deben generar políticas pensadas por y para sus afiliadas”, concluyó la diputada Vigo.

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La Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) creó el primer refugio para trabajadoras rurales víctimas de violencia de género, ubicado en el corredor hortícola del Gran La Plata.

Se trata de una casa con capacidad para alojar a 19 mujeres y sus hijos, donde se ofrecerá protección y acompañamiento a aquellas trabajadoras rurales que debieron irse de sus hogares tras haber sido víctimas de violencia. Además, en este espacio se realizarán capacitaciones laborales y emprendimientos de plantas medicinales, conservas y dulces que luego serán vendidos en los locales de la UTT, con el objetivo de que las mujeres aprendan nuevos oficios y logren su independencia económica.

Rosalía Pellegrini, referente y secretaria de Género de UTT, declaró: “La propuesta es que  funcione como refugio transitorio, en el marco del acompañamiento que realizamos en los territorios rurales a las mujeres que están atravesando una situación de violencia y que por seguridad tienen que irse de sus casas. Este lugar nos da la posibilidad de alojar a las compañeras pero también de que tengan un trabajo. Entonces no solo es una vivienda para ellas y sus hijes, sino además un espacio de formación”.

El refugio fue abierto después del femicidio de Lucía Correa Arenas, una joven de 25 años asesinada por su pareja de un disparo en el abdomen en agosto pasado. Carolina Rodríguez, promotora de Género de la UTT, recordó el asesinato de su compañera: “Lucía formaba parte de la organización y su crimen nos movilizó. Las compañeras veníamos trabajando el tema de la violencia contra las mujeres desde hacía cinco años, pero ese hecho nos marcó que teníamos que hacer algo urgente para evitar más casos”.

Y continuó: “El principal problema de las compañeras que sufren violencia es que no tienen dónde ir, la mayoría es madre, muchas tienen hasta tres o cuatro hijos. Al principio para alejarlas del agresor las llevábamos a nuestras casas, pero resultaba muy incómodo. Necesitábamos un lugar donde pudieran quedarse, pero lamentablemente a nuestro sector no llegan las políticas públicas”.

“En el campo se sufre todo tipo de violencia; física, verbal, psicológica y económica. Siempre te están tratando de puta o andas caminando con el ojo verde, toda machacada y si decidís enfrentar al agresor, él se queda en su casa, sigue trabajando en la quinta, y la que se tiene que ir y empezar todo de nuevo es la compañera. La desigualdad de género que hay en el sector es muy grande. El hombre siempre recibe más que la compañera, siempre queda bien parado, para él son todos los beneficios”, concluyó la promotora de Género de la UTT.

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Se trata de Valeria Juárez, quien se convirtió en la primera mujer víctima de violencia de género que ocupará el puesto laboral del agresor en La Pampa.

Tras quedar firme la sentencia por violencia de género de Héctor Mendoza, ex pareja de Valeria, el Municipio de la ciudad de Santa Rosa implementó políticas de reparación con perspectiva de género. Así, gracias a dicha ordenanza, Valeria Juárez ocupará el puesto laboral que solía tener su victimario en la planta municipal de la capital pampeana.

“Aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Tener trabajo y que él esté preso es un contexto inimaginable para mí, después del calvario que me hizo vivir y del que pensé que nunca iba a salir“, declaró Valeria en entrevista con la Agencia Télam.

La Ordenanza 6305 que hizo posible esta reparación fue sancionada por el Concejo Deliberante de Santa Rosa y se enmarca en la decisión política del Intendente Luciano Di Nápoli, quien “propuso una gestión con políticas de género transversales a todo el municipio“, según afirmó Gabriela Bonavitta, Directora de Políticas de Género y Diversidad.

La funcionaria sostuvo que este escenario demandaba una resolución y a raíz de eso fue creada esta política con perspectiva de reparación, ofreciendo la posibilidad concreta de acceder a un empleo estable para la víctima. “Muchas veces la dependencia económica suele ser un impedimento para cortar el vínculo con el agresor, porque de ahí se desprenden la necesidad de contar con una vivienda y resolver lo cotidiano; en ese sentido un Municipio que escuche a quienes pueden denunciar las situaciones de violencia y tome este tipo de determinaciones, no solo constituye un hecho histórico y esperanzador sino que también es un mensaje concreto para los agresores: la tolerancia con la violencia de género es cero“, sentenció.

Por su parte, Valeria Juárez detalló cómo fue atravesar esta situación: “Es indescriptible lo que una vive, te sentís nada, con la autoestima por el piso, por eso es importante este tipo de ordenanzas, que da herramientas para seguir, que otorgan derechos, que nos empoderan, porque ellos siempre se manejan con total impunidad y gran parte de la policía o jueces no nos visibilizan, hasta que terminamos muertas”.

“Hoy me siento feliz, consciente que valió la pena luchar acompañada por mis compañeros y compañeras de militancia y con la ayuda psicológica de las áreas de género”, concluyó.

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La iniciativa procura proteger a las trabajadoras de toda conducta directa o indirecta que en los ámbitos público o privado afecte a las trabajadoras y su seguridad personal por razones de género, y detalla que ante ese tipo de situaciones se resguardará “el derecho a la privacidad de empleada y familia”.

Las partes convinieron como parte de las licencias establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en el convenio colectivo bancario 18/75 y en los acuerdos complementarios, y a partir de hoy, “una licencia especial con goce de haberes de hasta 5 días corridos por año para ese personal” bajo relación de dependencia, informó esta tarde la organización sindical nacional.

Los bancos deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar “la confidencialidad” de la información sobre los casos objeto del protocolo.

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