En un giro legal significativo, la Cámara Nacional del Trabajo ha concedido la apelación presentada por el Gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la medida adoptada incluye un componente clave: el efecto “devolutivo“. Esta decisión implica que, mientras se espera el veredicto de la Corte Suprema, las reformas laborales propuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei permanecerán suspendidas.

El trasfondo de este proceso judicial se remonta a un recurso extraordinario interpuesto por la Procuración del Tesoro, dirigida por Rodolfo Barra. Este recurso fue presentado en respuesta a la cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que frenó las modificaciones laborales contempladas en el mencionado decreto presidencial.

La decisión final recae ahora en manos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Serán ellos quienes determinen el destino del capítulo cuatro del DNU y, por ende, el curso que tomarán las reformas laborales propuestas por el presidente Milei.

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La Cámara Nacional del Trabajo ha habilitado la feria judicial de enero para abordar el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. El Tribunal, conformado por los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera, tomó esta medida para analizar la apelación de la central obrera, que busca revocar el fallo previo del juez José Ignacio Ramonet, el cual había rechazado el amparo argumentando que el decreto no estaba vigente al momento de la presentación.

En su resolución, el Tribunal expresó: “Esta sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve“. Ahora, el fiscal ante la Cámara deberá dictaminar antes de que los jueces tomen una decisión final.

Este caso se suma a varias presentaciones contra el DNU que se encuentran en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2. El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, ha solicitado la unificación de todos los recursos de amparo en este juzgado, que fue el primero en recibir la demanda.

Además, el Gobierno de La Rioja ha presentado otro planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque la Corte habilitó su tratamiento, se pospondrá hasta después de la feria de enero. Mientras tanto, el expediente fue enviado a la Procuración General de la Nación para su dictamen, aunque esta opinión no será vinculante en la resolución final.

Con el DNU en vigencia, la resolución judicial durante la feria podría desbloquear la situación mediante la concesión de una medida cautelar a favor de la CGT, o a través de acuerdos políticos que modifiquen la situación actual.

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Desde el gremio advirtieron que se triplicaron los contagios de Coronavirus entre niños y adolescentes durante los últimos quince días.

Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), pidió que se cuide la salud de los alumnos y los trabajadores del ámbito educativo, ya que durante los últimos quince días se triplicaron los contagios de Covid-19 en niños y adolescentes.

“Tenemos una gran preocupación porque en los últimos 15 días estamos viendo un alto crecimiento de casos en muchas jurisdicciones, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y esto es algo que los padres tienen que saber”, afirmó.

En esa línea, la dirigente señaló que el incremento en los contagios se está detectando en diversas localidades y sobre distintas franjas etarias de alumnos, al tiempo que pidió a los funcionarios que tomen conciencia sobre el panorama sanitario actual ya que “no se está hablando de pedagogía ni de educación”.

Además, desde CTERA volvieron a manifestar su apoyo al DNU firmado por el Presidente Alberto Fernández, que establece la suspensión de clases presenciales en las zonas más comprometidas. “La resolución del Consejo Federal de Educación votada por amplísima mayoría, donde de las 24 jurisdicciones solo dos la rechazaron, es de cumplimento obligatorio”, concluyó Alesso.

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