La Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la Confederación General del Trabajo (CGT), dirigida por Graciela Aleñá solicitó en una nota dirigida a todos los Ministerios de la Nación, que informen el cumplimiento de la Ley 22.431, sancionada en 1981, y que establece la “inclusión del cupo de personas con discapacidad como trabajadores del Estado en un 4 %”.

“El último relevamiento gubernamental arroja que solamente se cumple 0,61% del personal con alguna discapacidad en las plantas permanentes”, indicó Aleña, que además es Secretaria General de Trabajadores Viales y Afines.

En esa misma línea, Aleña señaló que “es fundamental cumplir con las normativas vigentes porque la inserción laboral de las personas con discapacidad debe ser un hecho real” y aseguró que “es nuestro deber que los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad estén incluidos dentro del sistema de trabajo, ya que pueden adecuarse tranquilamente a la función pública según su certificado de discapacidad”.

Por su parte, Pablo Moyano acompañó la iniciativa y avaló que el Estado debe cumplir la normativa que incluya en igualdad a todos los trabajadores de la actividad.

Para concluir, en el documento, ambos dirigentes afirmaron que “la base de la igualdad de oportunidades está dada en la búsqueda permanente de una sociedad justa donde todos y todas tengan las mismas posibilidades sin ningún tipo de discriminación”. En ese sentido, exigieron a los distintos Ministerios que informen los datos necesarios respecto al cumplimiento de la legislación vigente para asegurar que se cumpla con el 4% del cupo establecido.

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En una carta dirigida a las autoridades del organismo público, la secretaria de Igualdad de Oportunidades de la CGT y titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines reclamó la revisión de los cargos nacionales vacantes para cumplir con el cupo femenino determinado por ley.

La secretaria de Igualdad de Oportunidades de la CGT y titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), Graciela Aleñá, reclamó el viernes a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) “la revisión de cargos vacantes y su relación con el cupo femenino* y remarcó que solo el 34 por ciento de los puestos es ocupado por mujeres.

En una carta dirigida a las autoridades del organismo público, Aleñá reclamó la revisión de los cargos nacionales vacantes para cumplir con el cupo femenino determinado por ley, y aseguró que el gremio y la central obrera trabajarán este año para que la demanda realizada a Vialidad “sea regla en las dependencias estatales”.

“La presentación fue realizada en un momento adecuado ante la buena predisposición existente para otorgar espacio al debate del tema por parte de Vialidad. El sindicato está comprometido con las políticas de género y en la erradicación de la violencia de género y laboral”, sostuvo Aleñá en un comunicado.

El reclamo fue presentado a la Gerencia de Recursos Humanos de la DNV y procura revertir “lo que los estudios de género denominan ‘Techo de Cristal’, es decir, el conjunto de normas y guiones invisibles que dificultan que las mujeres accedan a los roles de dirección o a los puestos de decisión “, explicó Aleñá en el escrito.

El sindicato demanda que la modalidad de selección para cubrir cargos de estructura en la DNV contemple al personal femenino que tenga los requisitos necesarios para cumplir “un desempeño máximo y el mayor aprovechamiento de los conocimientos”.

Un informe elaborado por el gremio vial enfatizó que de un total de 1.537 cargos de estructura la ocupación femenina es del 34 por ciento y la masculina del 66, y detalló que el reclamo también se respalda en la decisión administrativa 1.744/20, que determinó los lineamientos para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado, y en la Ley 23.451 que aprobó el convenio sobre igualdad de oportunidades y de trato entre todos los trabajadores, puntualizó la presentación.

El sindicato de viales integra la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) y la Federación Internacional de la actividad (ITF).

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La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y dirigentes de la Seguridad Social se manifestaron a favor del impuesto a las grandes fortunas impulsado por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis que conlleva el avance de la pandemia por Coronavirus.

Numerosos referentes sindicales se han pronunciado a favor de avanzar con el impuesto del aporte extraordinario por parte de los sectores que concentran mayor riqueza. Uno de ellos fue Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, quien señaló que el tributo es un ejercicio de madurez en el marco democrático y sostuvo que “es momento de trabajar en un Estado capaz de hacer frente a las inequidades generadas por el mercado, porque estamos viendo cómo cada vez son más los compañeros que se están cayendo del sistema. Es hora de que los que ganan más hagan un esfuerzo y ganen menos”.

El impuesto -que será por única vez- alcanzará a aquellas personas que poseen más de dos millones de dólares de patrimonio, lo que representa tan sólo al 0,08% de la población económicamente activa, según datos del Indec. Esto abarcará a 12.000 personas, quienes pagarían sólo un porcentaje de entre 2 y 3,5% de sus fortunas, y produciría un ingreso mayor a 3000 millones de pesos para el Estado. Este recurso permitirá enfrentar el crítico panorama actual que produce la pandemia y atenuar la emergencia sanitaria.

Otra notable adhesión fue la de Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria, quien dijo que “es la hora de un Estado fuerte y de un pueblo unido, con políticas públicas en el marco de un plan que tenga como norte la Justicia Social, una mejor distribución de la riqueza, y una mejor calidad de vida para todos y todas. Ese es el camino para el desarrollo nacional, de eso se trata”.

También se sumó Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), quien señaló que “es momento que los sectores más concentrados de la economía pongan el hombro para salir de la crisis por la pandemia. Los viales creemos en la obra pública para el desarrollo y la generación de empleo, y queremos un Estado fuerte que pueda dar respuestas al pueblo que tan mal la viene pasando en los últimos años”.

Desde el sector estatal también proclamaron su adhesión al impuesto solidario. Carlos Ortega, Secretario General del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), declaró: “tenemos un pleno apoyo a las medidas de subsidios para empresas y sectores vulnerables, así como del cobro de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas que se han beneficiado estos últimos cuatro años con el macrismo y a lo largo de la historia argentina. Sería importante que esta pandemia traiga una mejor distribución de la riqueza”.

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