La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) consideró insuficiente la oferta de incremento salarial propuesta por el Gobierno de Axel Kicillof, la cual consistió en un 14% para el segundo semestre.

A pesar de haber negociado satisfactoriamente con otros gremios, aún no se ha llegado a un acuerdo entre los judiciales y la Provincia. La propuesta fue realizada por el representante del Ministerio de Economía de la Provincia, Nicolás Todesca, y consiste en adicionar un 14% de aumento para el segundo semestre, que será escalonado de la siguiente forma: un 10% para septiembre, 2% en octubre y otro 2% a partir de noviembre. Este incremento es similar al acordado hace una semana con ATE, UPCN y FEGGEPBA, la diferencia radica en que los trabajadores judiciales arrastran un piso salarial más bajo que los estatales.

“Si bien hubo una mejora en los porcentajes, la oferta resulta absolutamente insuficiente. Es por ello que desde la Asociación Judicial Bonaerense exigimos a las y los representes del gobierno retomar el diálogo de manera urgente y en las asambleas convocadas para mañana y el jueves, discutiremos con nuestras compañeras y compañeros las medidas de fuerza a llevar adelante si ello no ocurre“, afirmó Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB, mediante un comunicado.

Asimismo, en la propuesta hecha por el Gobierno bonaerense se incluye una cláusula de revisión para el mes de diciembre de este año.

“Gracias a la lucha de las y los trabajadores judiciales, que han realizado las medidas de fuerza y debatido en asambleas las medidas de acción a seguir, hemos logrado darle continuidad a la negociación, y aunque insuficiente, una mejora de la propuesta del pasado martes”, destacó Abramovich.

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ATE, UPCN y FEGGEPBA aceptaron la propuesta paritaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que establece un 14% de aumento escalonado para los trabajadores de la administración pública.

El acuerdo establece otorgar un aumento del %14 entre los meses de septiembre y noviembre que impactará en los sueldos básicos y en las bonificaciones remunerativas fijas respecto del pasado mes de diciembre. El aumento se efectuará por tramos: el 10% en septiembre, un 2% en octubre, y el 2% restante será en noviembre.

Además, se acordó una suba del 30% en las asignaciones familiares y un adicional para los salarios más bajos que se abonará por única vez en el mes de noviembre. También se aplicarán modificaciones en las bonificaciones cobradas por peligrosidad y a sectores como los auxiliares docentes.

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, sostuvo que el acuerdo logrado “es corto pero histórico, porque tuvo bastante aceptación […] Es histórico que ATE firme” y señaló que desde el Gobierno lograron “atender las demandas que todos los gremios tenían, escuchando a cada uno”.

Otro de los ejes del acuerdo fue el compromiso del Gobierno Provincial con respecto a la regularización de los pases a planta transitoria que fueron requeridos por los representantes sindicales.

Por último, las partes acordaron volver a reunirse en el mes de diciembre para evaluar el panorama económico que pudiera afectar a los trabajadores. “Otorgamos un 14% hasta fin de año y volver a sentarnos en diciembre procurando que los salarios no pierdan contra la inflación sobre todo en los escalafones de menores ingresos”, afirmó la Ministra en comunicación con Radio El Destape.

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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llamó a los gremios estatales para discutir aumentos salariales durante la próxima semana, e incluirá a docentes y judiciales.

Luego de la violenta protesta policial y la mejora salarial recibida en consecuencia, más de quince sindicatos estatales de la Provincia escribieron un comunicado en conjunto en donde repudiaban el accionar de la policía bonaerense y reclamaban la reapertura de paritarias.

A raíz de esto, el Ministerio de Trabajo decidió escuchar el reclamo y abrió las negociaciones para la próxima semana. Se convocó a la administración pública para el miércoles 23, el jueves 24 será el turno de los maestros y finalmente el viernes 25 les tocará a aquellos que estén bajo la órbita del Poder Judicial.

En lo que va del año, los trabajadores estatales aún no han percibido un aumento salarial, sólo recibieron -entre los meses de marzo y abril- un pago de $4000 a cuenta de las paritarias. Luego las negociaciones se vieron interrumpidas debido al avance de la pandemia. Además, los sindicatos sostienen que arrastran una pérdida salarial del 30% desde la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Algunos de los gremios que exigieron esta reapertura fueron la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires  (FEGEPPBA), quienes suman ya cinco demandas formales en lo que va del año, y las seccionares bonaerenses de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y El Frente de Unidad Docente, conformado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA.

El Secretario General de ATE Buenos Aires, Oscar de Isasi, sostuvo: “Creemos que es muy importante la decisión del Gobierno de convocar para la semana que viene porque, como dijimos tantas veces y como lo argumentamos en la nota que enviamos a la Ministra de Trabajo hace pocos días, es necesario un aumento salarial urgente para todos los estatales, activos y jubilados”.

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Los hechos sucedidos esta semana reflotaron un debate que se planteó hace unos años en torno a policías y sindicatos.

Recapitulemos. La protesta de la Policía Bonaerense en pos de una mejora salarial comenzó el pasado lunes a la tarde en Almirante Brown y culminó a la noche en La Plata, donde vive el Gobernador Kicillof con su familia. Su residencia quedó rodeada de patrulleros, sirenas encendidas, cánticos ofensivos y hasta gomas prendidas fuego. Entrada la mañana del martes, el Gobernador y el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, anunciaron un aumento salarial y un plan integral de seguridad que mejoraría las condiciones laborales de los efectivos. Pero no fue suficiente. La protesta, lejos de terminar, se expandió por muchos puntos del Conurbano y numerosos voceros policiales desfilaban ante las cámaras de televisión sin un discurso unificado. Para el día siguiente, la violencia de la protesta policial escaló sin límite y la Quinta de Olivos se rodeó de patrullas y efectivos armados. Una postal que remueve heridas en la historia nacional. El repudio fue absoluto: se pronunció todo el arco sindical, el oficialismo, numerosos actores políticos, periodistas y algunos pocos opositores sensatos. Un mensaje desestabilizador e inaceptable tanto en términos democráticos como en términos políticos y que quizás deja al descubierto cierta ineficacia para detectar esta crisis antes de que -literalmente- toque el timbre en Olivos.

En los últimos años la Policía Bonaerense se vio muy golpeada: entre 2015 y 2019 la pérdida real del salario varía entre un 25 y un 34,4%, según la escala. El reclamo contempla varios puntos, a saber, aumento salarial, mejores condiciones laborales, planes de vivienda para el personal policial, móviles en condiciones, capacitaciones y reentrenamientos permanentes, asistencia psicológica, democratización de las fuerzas y -el punto que nos compete- derecho a la sindicalización. El artículo 14 bis de la Constitución prevé la organización sindical libre y democrática en favor de los trabajadores, pero no concede ese derecho al personal policial. Un buen ejemplo es lo que sucedió en el año 2017 ya que el activismo policial recibió un duro golpe cuando la Corte Suprema falló contra la creación de un sindicato de la Bonaerense. La sindicalización de la policía es, a la luz de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, inválida. Por otro lado, hay quienes proponen que los efectivos policiales deberían tener su propio sindicato, pero eso no implica otorgarles el ejercicio del derecho de huelga, ya que las medidas de acción gremial directa son incompatibles con el régimen jerárquico y disciplinario que caracteriza a las fuerzas de seguridad. Quienes repudian enérgicamente una eventual sindicalización esgrimen argumentos tales como que el gremio podría convertirse en una cadena de mando paralela y así generar una inestabilidad en lo que refiere a jerarquías y que se corra el riesgo de perder el orden social ante una posible protesta, ya que la seguridad es tarea específica de los efectivos policiales. Y por último, quienes están a favor sostienen que un policía es un trabajador como cualquier otro y debe tener un dirigente que realice los reclamos de manera organizada.

Miremos qué pasa en otros países. Estados Unidos tiene sindicatos policiales desde 1960 y son, desde entonces, una de las bases de apoyo que han sostenido al Partido Demócrata. Si bien la sindicalización generó mejoras salariales, también es justo hablar de su contracara: por ejemplo, en el estado de Florida, la sindicalización policial aumentó en un 40% los casos de violencia institucional. El reciente asesinato de George Floyd pinta la situación de cuerpo entero: luego de que los fiscales de Minneapolis imputaran al oficial que lo asesinó, el dirigente del sindicato policial denunció al gobierno por persecución y advirtió que tomaría medidas de fuerza si la causa continuaba. Gracias a sus negociaciones colectivas, los sindicatos pudieron reducir varias investigaciones en contra de los efectivos policiales sobre casos de violencia que han protagonizado.

Finalmente -y volviendo al territorio nacional-, el jueves pasado fue el anuncio oficial del aumento salarial de la mano de Kicillof, Magario y Berni. Determinados y claros, demostraron que la extorsión no logró su objetivo: se hizo presente la reafirmación de un proyecto político y el mensaje, por si acaso, de que los golpes a mano armada ya no tienen lugar en este país. Tras este anuncio, se apagaron los distintos focos de protesta en el Conurbano e incluso uno de los tantos voceros policiales, Mariano Alderete, declaró: “Cuando escuché la palabra del gobernador, me puse a llorar porque creo que se hizo eco de nuestro reclamo. Es la primera vez que un gobierno nos escucha”.

En el año 1952 y sobre el ocaso de su vida, quien fuera Jefa Espiritual de la Nación en ese entonces dijo unas palabras que no pierden vigencia: “Nosotros, el pueblo, tenemos que ganar las altas jerarquías de las fuerzas armadas de las naciones. No se trata de destruirlas. Se trata de convertirlas al pueblo y después, cuando todos sus dirigentes -sus oficiales- sean carne y alma del pueblo, habrá que permanecer alertas, vigilándolas para que no se entreguen otra vez”. Si bien sabemos que la policía no es una fuerza armada, sino una fuerza de seguridad con portación de armas, la columna vertebral de este mensaje resulta igual de aplicable en ambos casos. Entonces, quizás el debate que subyace a esta polémica y que realmente debe darse entre los distintos actores sociales no pasa tanto por la sindicalización, sino que radica en el reconocimiento del efectivo policial como ciudadano y trabajador.

Una vez más, la salida es política.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó anoche un comunicado en donde expresa su apoyo a la gestión del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y condena los descontrolados reclamos de la Policía Bonaerense.

“La legítima defensa de los derechos laborales de los policías de la Provincia de Buenos Aires se transformó con el paso de las horas en una amenaza real al normal funcionamiento del Estado”, señala el Consejo Directivo de la CGT en el comunicado.

La protesta por el aumento salarial de la Bonaerense ha escalado con violencia en las últimas horas del día de ayer por numerosas ciudades del Conurbano e incluso en la Quinta de Olivos, donde los efectivos estaban armados rodeando la residencia del Presidente de la Nación.

En el escrito, la CGT señala que la policía debe respetar el orden jerárquico, subordinarse a los mandos institucionales y agregan que “la pandemia y la difícil situación económica no pueden justificar la insubordinación de la fuerza policial”.

Es preciso recordar que el reclamo de los efectivos policiales comenzó el lunes por la noche en la residencia del Gobernador Kicillof en La Plata. En consecuencia, a la mañana siguiente se anunció un aumento salarial para la fuerza policial pero aun así la medida de fuerza se expandió por todo el Conurbano bonaerense y continua hasta el día de hoy. Con el correr de las horas, gran parte del arco sindical ha repudiado el accionar desmedido y violento de la policía de la provincia.

“Acompañamos al Sr. Gobernador Cro. Axel Kicillof y apoyamos su gestión en estos críticos momentos”, finaliza el comunicado de la central obrera.

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