El escándalo del espionaje ilegal vuelve a sacudir el panorama político nacional, esta vez involucrando al candidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Nuevas revelaciones indican que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante su gestión como jefe de gobierno, espió a prominentes sindicalistas del país, entre ellos Pablo Moyano, Secretario General de la CGT, Vanesa Siley de SITRAJU y Julio Piumato de UEJN.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha iniciado una causa penal tras descubrir más de 9 millones de consultas realizadas por la Ciudad de Buenos Aires a través de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). La PIA solicitó a RENAPER que realice un sumario administrativo al respecto, en lo que se considera un hecho grave de espionaje con datos biométricos. Quien gestionaba y estaba a cargo de los pedidos de información era Marcelo D’Alessandro, ex Ministro de Seguridad de Larreta, que renunció por la causa de Lago Escondido.

El caso ha sido objeto de investigación por parte de los jueces porteños Gallardo y Liberatori, y ahora también está bajo la lupa de la PIA y el fuero federal, con el juez Lijo a cargo. Según los informes, la persona más espiada fue la ex presidenta Cristina Kirchner, con más de 200 consultas en las bases de datos biométricas y cámaras de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de los sindicalistas mencionados, también se siguieron de cerca a empresarios, periodistas, dirigentes sociales y políticos, así como al presidente, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Sorprendentemente, también figuran en la lista 70 integrantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos.

Entre los dirigentes sociales que fueron espiados se encuentran Ángel Borello y Juan Grabois de la UTEP, así como Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Estos hallazgos han generado una fuerte crítica hacia Horacio Rodríguez Larreta, quien actualmente busca la presidencia del país como candidato de Juntos por el Cambio.

Las revelaciones ponen en tela de juicio la conducta ética y la responsabilidad del líder político, ya que se presume que podría haber más sindicalistas de peso que también hayan sido objeto de espionaje. La gravedad de estas acusaciones pone en duda la integridad y la transparencia de las acciones llevadas a cabo durante la gestión de Larreta al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante destacar que la información presentada proviene del periodista Juan Alonso, conocido por su trabajo en el medio “Cohete a la Luna”. Las investigaciones continúan y se espera que se esclarezcan los hechos en los próximos días, arrojando luz sobre la presunta participación de Larreta y otros funcionarios en este escandaloso caso de espionaje ilegal.

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En una reciente declaración, Dario Loperfido, ex Ministro de Cultura de Horacio Rodriguez Larreta, ha lanzado fuertes críticas hacia la Confederación General del Trabajo (CGT), acusándola de tener un supuesto plan para desestabilizar a un próximo gobierno de la oposición, desde el día uno de la asunción.

Loperfido calificó a la CGT como una entidad en “modo extorsionador” frente a las necesarias reformas que deberá llevar a cabo el próximo gobierno. Según sus declaraciones, la CGT ha dejado en claro que no permitirá que se toquen sus privilegios ni que se realicen cambios que afecten sus intereses.

“En idioma CGT, están advirtiendo que no permitirán que les corten ningún privilegio“, afirmó Loperfido.

El ex Ministro de Cultura también señaló que la actitud de la CGT es antidemocrática, dado que no ha mostrado disposición para reunirse con los precandidatos a presidentes como Patricia Bullrich, José Luis Espert y Javier Milei. En su opinión, aquellos que propongan medidas que reduzcan el poder de los sindicalistas de larga data o reformas laborales que promuevan la creación de empleo, se enfrentarán a la oposición de la CGT, tal como ha ocurrido en el pasado con gobiernos no peronistas que intentaron reformar el sistema sindical.

“Cualquiera que esté planteando medidas que les quiten manejos a los sindicalistas eternos o reformas laborales que estimulen la creación de empleos, tendrá a la CGT enfrente, tal como ocurrió en el pasado con los gobiernos no peronistas que quisieron reformar el sistema vetusto y corrupto que ellos tanto defienden“, concluyo Loperfido.

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La declaración del jefe de gobierno porteño en torno a la necesidad de una actualización de la legislación laboral generó un amplio debate. En su discurso, Rodríguez Larreta afirmó que “tenemos que actualizar la legislación y terminar con la industria del juicio“, aunque sin entrar en detalles sobre las medidas que impulsará su gobierno en este sentido.

La idea de eliminar las indemnizaciones por despido no es nueva, ya que ha sido impulsada por distintos sectores empresariales y político. Sin embargo, este punto genera gran resistencia por parte de los trabajadores y de los sindicatos, que argumentan que esto vulneraría sus derechos laborales y los dejaría desprotegidos ante posibles despidos injustificados.

En este contexto, se abrió la discusión sobre la posibilidad de eliminar las indemnizaciones por despido, a lo que el líder político respondió que “hay que ver caso por caso y que hay sectores en los que la alta rotación y movilidad permiten que esta medida aplique, como en el sector de la construcción, mientras que hay otros en los que el trabajo es más estable y no aplica de la misma forma”.

Asimismo, señaló que “no hay generales y generalidades” y que se debe analizar cada caso en particular. Asimismo, mencionó que el seguro de desempleo no puede aplicarse de manera generalizada y que sólo puede ser utilizado en determinadas situaciones.

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La protesta se realiza en simultáneo a un plenario de comisiones donde el oficialismo pretende imponer su mayoría para dar luz verde al proyecto de la ley de “Fortalecimiento de la Carrera Docente” presentado el 4 de marzo con el respaldo del Ministerio de Educación encabezado por Soledad Acuña.

La intención del macrismo es lograr un dictamen favorable, de modo tal que el proyecto pueda ser votado en una sesión prevista para el 12 de mayo.

Por qué los gremios rechazan la modificación

El rechazo de los gremios se debe a que la iniciativa del oficialismo propone titularizar de manera excepcional a los docentes que al 31 de marzo de 2020 desempeñen cargos interinos en el nivel de educación media.

Sin embargo, la postura de las organizaciones sindicales es que la titularización sea masiva, es decir que alcance a más trabajadores de todas las modalidades. Denuncian que el proyecto del oficialismo fue diseñado de manera “inconsulta” y exigen que se trate el tema en un proyecto separado.

A inicios de abril se realizaron dos reuniones en las que los gremios y distintos actores de la comunidad escolar expusieron su postura. El oficialismo porteño sostiene que el nuevo estatuto creará puestos de trabajo, dará reconocimiento salarial a quienes se capaciten y habilitará la posibilidad de ascender salarialmente a los maestros sin dejar el aula.

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Así lo denuncio el gremio de UTE y reclamó declarar a la educación como “patrimonio público”. La iniciativa gremial busca que de ese modo se imponga la intangibilidad de los bienes de la comunidad escolar, según explicó la secretaria general de UTE- Ctera, Angélica Graciano.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) reclamó este martes que el sistema de enseñanza pública sea considerado “como patrimonio público, cultural y educativo” y que se declare la “intangibilidad de los bienes”, a raíz de las denuncias de la comunidad educativa ante distintos intentos de venta de terrenos donde funcionan escuelas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionan escuelas.

“Queremos que se declare por ley a la educación pública como patrimonio público, cultural y educativo, y la intangibilidad de los bienes”, afirmó la secretaria general de UTE- Ctera, Angélica Graciano, en declaraciones a la agencia Télam.

En este sentido, el sindicato acompañó una conferencia de prensa organizada por la comunidad educativa de la comuna 5, en el barrio porteño de Almagro, para exigir que se “frene la venta de los terrenos ubicados en la calle Pringles 340/344, donde funciona un Espacio de Primera Infancia”.

Madres, padres, docentes, vecinas y vecinos vienen reclamando que en este espacio se construya una escuela infantil para niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años.

“En ese Espacio de Primera Infancia hay 40 niños y está en remate”, advirtió la secretaria general de UTE-Ctera.A este intento de venta se suman otros que la comunidad educativa viene denunciando en los últimos meses.

Por un lado, integrantes de la comunidad educativa de la escuela para sordos que funciona en el Palacio Ceci, un edificio histórico de Villa Devoto, vienen resistiendo el intento del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de convertir al edificio como sede del Distrito del Vino, con el que pretende impulsar un polo comercial de la actividad vitivinícola.

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