“Cuando declararon nulo el 124, entendimos que venimos en retirada” confiesa un dirigente histórico del entorno cercano de Roberto Fernández, Secretario General de la U.T.A. desde hace ya unas dos décadas ininterrumpidas. El 124 no es ni más ni menos que el artículo del Estatuto de la U.T.A. que establece que para ser candidato a cualquier cargo gremial hace falta desempeñar o haber desempeñado previamente un cargo electivo en la U.T.A. Es decir que sólo pueden ser candidatos los dirigentes.

Esta restricción conocida como “carrera sindical” junto con la llamada “lista sábana” que prevé el estatuto constituye un claro cerrojo a la participación democrática y fueron estas las herramientas empleadas por Roberto Fernández para evitar el surgimiento de una oposición. “Pero ahora que se cayó el 124 vamos a tener que dar la pelea, no queda otra…” agrega sin mucha convicción admitiendo que por primera vez habrán dos listas en pugna.

Lo cierto es que Roberto Fernández viene sufriendo, como en la película infantil, “una serie de eventos desafortunados”. A la nulidad del 124 le siguió la suspensión de los Congresos Ordinario y Extraordinario de junio sancionado por la Justicia Nacional del Trabajo por integrar los Congresos por Delegados puestos a dedo y no elegidos por las Seccionales como marca el Estatuto y luego con la suspensión del Congreso Extraordinario previsto para el 29 de julio, esta vez por desoír una resolución judicial que le ordenaba la suspensión. En ambas convocatorias intentó elegir Junta Electoral lo que todavía no pudo realizar. La tercera será probablemente la vencida para Fernández que a regañadientes debió convocar a elecciones de Delegados Congresales en todo el país. Finalizadas las asambleas, Fernández vendió como propia una gran conquista de su rival Miguel Bustinduy y la agrupación Juan Manuel Palacios.

El oficialismo de la U.T.A. procuró procesar penalmente a Bustinduy junto con otros cuarenta y tantos afiliados con una finalidad similar a la del 124 o la lista sábana y es que el famoso –o tristemente célebre- Estatuto de la U.T.A. impide la candidatura de afiliados procesados penalmente. Tanto empeño puso Fernández en su objetivo por lograr el procesamiento de la oposición que ahora enfrenta cargos junto con su abogado por cuanto habría pagado millonarios sobornos a un testigo que grabó los ofrecimientos y entregó las 3 horas de audios  –elocuentes por cierto- a las autoridades.

Bustinduy cuenta desde hace años con el favor y adhesión de los afiliados del área metropolitana, donde reside más del 60% del total del padrón de la U.T.A. y, según revela un Secretario General del interior que optó por el anonimato, logrará armar lista en las 24 seccionales y ha sumado al menos a cinco Secretarios Generales del interior.

Para completar la pesadilla de Fernández, Osvaldo “Lele” Agrafogo, Secretario General de la Seccional Santa Fe, rompió filas con el oficialismo por medio de un duro comunicado dado a conocer horas antes del fallido Congreso en el que fundó la ruptura sin dedicar adjetivos a la conducción nacional pero con nutridas propuestas que giran en torno a la recuperación del salario, la recuperación de la Obra Social y una reforma estatutaria que admita la participación democrática de todos los afiliados y que parece un centro bien pateado a la cabeza de Bustinduy.

En tan solo 72 horas Roberto Fernández sumó un precongreso vacío de congresales, una carta abierta de ruptura firmada por uno de los principales referentes de la UTA como lo es Agrafogo, un Congreso que no fue y en el que se encerró con unos pocos propios a comer un asado al que no invitó a la escasa concurrencia que debió conformarse con unos sándwiches a unas cuadras, y el sábado 30 con un plenario de Secretarios Generales que si algo no tuvo fue lo de “plenario”.

Mientras que Bustinduy hace sonar las sirenas de su ambulancia en todo el territorio de la República, donde ciertamente no faltan heridos, Roberto Fernandez y compañía buscan lidiar con la confusión y retener la tropa que supo ser numerosa cuando no existían las alternativas.

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Se trata de uno de los imputados por el incidente del 2019 en la sede del gremio, quien declaró que Fernández le pagó millones de pesos por incriminar a Miguel Bustinduy, líder opositor.

Tras la toma de la sede central del sindicato en diciembre del 2019, la interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se detiene. Ahora, Juan Seguí, uno de los imputados en la causa, admitió haber recibido cuatro millones de pesos por parte de Roberto Fernández, máximo referente del gremio, con el objetivo de incriminar a Miguel Bustinduy, líder de la oposición, como autor y responsable de la toma del edificio.

En esa línea, el actual arrepentido realizó su declaración ante la Justicia y aportó evidencias a la causa que comprobarían lo dicho, tales como grabaciones y fotos, donde queda expuesto Silvio Piorno, abogado de la Mutual de la UTA y abogado personal de Roberto Fernández, en el momento en el que arreglaba el pago del dinero. También se menciona a otro abogado, Manuel Risi, quien fuera el primer vínculo de Juan Seguí con el gremio.

 “El abogado (Risi) me dice que tiene contactos con la UTA y que a mí me convenía defenderme individualmente, que le podíamos sacar plata a la UTA, que él trabajó con un caso de la Uocra y que se dedicaba a los casos penales gremiales. Me dijo que necesitaba que yo declare contra Miguel Bustinduy, Alejandro Borelli, Walter Osvaldo Fernández ‘Mafalda’, Carlos Franco y Morandi. También me pidió que, si podía señalar a algún otro que lo haga, que ellos querían armar la causa, que desde el gremio estaban interesados en sacar del medio a la agrupación Palacios”, declaró el arrepentido.

Por su parte, Bustinduy, líder opositor que dirige la agrupación “Juan Manuel Palacios”, afirmó que con esa acusación se intentó asociarlo con dichos delitos, y también marginarlo de la elección interna del sindicato que tendrá lugar en septiembre de este año.

“[Piorno] Quería que a todos lo que estaban en la agrupación Palacios los involucre, que esto estaba orquestado desde antes (el asedio a la sede del gremio y la toma del edificio), que nunca fue la intención dialogar sino entrar a romper todo, que participaron los barras, que Miguel Bustinduy estaba involucrado como el organizador”, agregó Seguí.

Por último, el imputado informó que Piorno también le pidió que incrimine a los propietarios de Dota, la empresa de colectivos más grande del AMBA de la cual Bustinduy es delegado. “Yo tenía que nombrar a los dueños de Dota, como que estaban atrás de todo eso, como que estaban arreglados con Bustinduy”, concluyó el arrepentido.

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