La protesta se realiza en simultáneo a un plenario de comisiones donde el oficialismo pretende imponer su mayoría para dar luz verde al proyecto de la ley de “Fortalecimiento de la Carrera Docente” presentado el 4 de marzo con el respaldo del Ministerio de Educación encabezado por Soledad Acuña.

La intención del macrismo es lograr un dictamen favorable, de modo tal que el proyecto pueda ser votado en una sesión prevista para el 12 de mayo.

Por qué los gremios rechazan la modificación

El rechazo de los gremios se debe a que la iniciativa del oficialismo propone titularizar de manera excepcional a los docentes que al 31 de marzo de 2020 desempeñen cargos interinos en el nivel de educación media.

Sin embargo, la postura de las organizaciones sindicales es que la titularización sea masiva, es decir que alcance a más trabajadores de todas las modalidades. Denuncian que el proyecto del oficialismo fue diseñado de manera “inconsulta” y exigen que se trate el tema en un proyecto separado.

A inicios de abril se realizaron dos reuniones en las que los gremios y distintos actores de la comunidad escolar expusieron su postura. El oficialismo porteño sostiene que el nuevo estatuto creará puestos de trabajo, dará reconocimiento salarial a quienes se capaciten y habilitará la posibilidad de ascender salarialmente a los maestros sin dejar el aula.

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Así lo denuncio el gremio de UTE y reclamó declarar a la educación como “patrimonio público”. La iniciativa gremial busca que de ese modo se imponga la intangibilidad de los bienes de la comunidad escolar, según explicó la secretaria general de UTE- Ctera, Angélica Graciano.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) reclamó este martes que el sistema de enseñanza pública sea considerado “como patrimonio público, cultural y educativo” y que se declare la “intangibilidad de los bienes”, a raíz de las denuncias de la comunidad educativa ante distintos intentos de venta de terrenos donde funcionan escuelas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionan escuelas.

“Queremos que se declare por ley a la educación pública como patrimonio público, cultural y educativo, y la intangibilidad de los bienes”, afirmó la secretaria general de UTE- Ctera, Angélica Graciano, en declaraciones a la agencia Télam.

En este sentido, el sindicato acompañó una conferencia de prensa organizada por la comunidad educativa de la comuna 5, en el barrio porteño de Almagro, para exigir que se “frene la venta de los terrenos ubicados en la calle Pringles 340/344, donde funciona un Espacio de Primera Infancia”.

Madres, padres, docentes, vecinas y vecinos vienen reclamando que en este espacio se construya una escuela infantil para niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años.

“En ese Espacio de Primera Infancia hay 40 niños y está en remate”, advirtió la secretaria general de UTE-Ctera.A este intento de venta se suman otros que la comunidad educativa viene denunciando en los últimos meses.

Por un lado, integrantes de la comunidad educativa de la escuela para sordos que funciona en el Palacio Ceci, un edificio histórico de Villa Devoto, vienen resistiendo el intento del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de convertir al edificio como sede del Distrito del Vino, con el que pretende impulsar un polo comercial de la actividad vitivinícola.

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La cartera que dirije Acuña busca cambiar el esquema de ascensos y una premiación con mejoras salariales a los maestros que concurran a capacitaciones de manera continua. Desde UTE, sostienen que se “omite de manera insólita en la titularización masiva a miles de trabajadorx”.

Funcionarios del Ministerio de Educación porteño concurrirán este martes a la Legislatura para informar sobre el proyecto para reformar el estatuto docente a partir de cambios al esquema de ascensos y una premiación con mejoras salariales a los maestros que concurran a capacitaciones de manera continua.

La reunión informativa está convocada a las 14 en el salón Dorado del Parlamento local, en Perú 160, donde se harán presentes los funcionarios del Ejecutivo de la Ciudad ante los diputados que conforman la Comisión de Educación, que preside la legisladora de la UCR Manuela Thourte.

El encuentro será para que los enviados de la cartera educativa que conduce la ministra Soledad Acuña expliquen los detalles de la iniciativa que contiene 40 artículos que promueven unos 25 cambios a actual estatuto, el cual establece los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de todos los docentes del sistema de educación de estatal.

Ejes de la reforma

Según se desprende del texto, los ejes centrales de la reforma están vinculados con el sistema de ascenso en los niveles inicial y primaria, el incentivo salarial a los docentes que concurran a una “capacitación continua”, un nuevo rol para el preceptor de la secundaria y una titularización “excepcional” de cargos interinos de escuelas de media, técnica, artística y Centros de Educativos de Nivel Secundario (Cens).

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) cuestionaron que el proyecto “omite de manera insólita en la titularización masiva a miles de trabajadorxs que se desempeñan en los 32 programas socioeducativos”.

“Exigimos a lxs legisladorxs la inclusión de toda el área en la ley y así poder terminar con años de inestabilidad laboral”, señalaron en un comunicado.

En rigor, el proyecto ingresó a la Legislatura porteña el 3 de marzo para “actualizar y jerarquizar la formación y los contenidos” de los trabajadores de la educación, según las palabras formuladas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al dar comienzo del período de sesiones ordinarias.

“La idea es avanzar sobre la posibilidad de contar con roles y/o funciones que reconozcan la experiencia y el saber acumulado por los docentes que no desean pasar a desempeñar cargos de conducción y de supervisión, pero que están en condiciones de asumir otro tipo de responsabilidades que complementan y apoyan la tarea de la enseñanza”, precisaron desde la cartera educativa sobre la propuesta.

Y agregaron que “se piensa en una trayectoria docente que, a través de la formación continua, permita el acceso a estas funciones diferenciadas con el objetivo de mejorar la práctica docente a través de diversos incentivos que incluya, formación específica, posibilidad de desempeñarse en funciones vinculadas al aula y reconocimiento salarial específico”.

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En la reunión de la Mesa Salarial -que pasó a un cuarto intermedio sin fecha- los funcionarios no plantearon “ninguna propuesta, ni ofrecimiento salarial” para el 2022. La convocatoria se produjo luego del fin de los protocolos escolares.

Los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires exigieron este miércoles un aumento salarial que “supere la inflación del 2022” como parte de los reclamos planteados durante la primera reunión paritaria con el Gobierno porteño, en la cual no existió una propuesta oficial, sino que la administración local buscó “comenzar a delinear” un acuerdo.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Educación situada en el Barrio 31 de Retiro con la participación de representantes de los 17 sindicatos docentes y funcionarios del Gobierno porteño, entre ellos, el subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione, a pocos días del inicio de las clases en el distrito porteño, previsto para el 21 de este mes.

Según coincidieron algunos de los sindicalistas presentes, en la reunión de la Mesa Salarial -que pasó a un cuarto intermedio sin fecha- los funcionarios no plantearon “ninguna propuesta, ni ofrecimiento salarial” para el 2022.

A través de un comunicado, la cartera educativa que conduce la ministra Soledad Acuña señaló que “este primer encuentro tuvo como objetivo comenzar a delinear el acuerdo salarial docente de cara al ciclo lectivo”.

Tras el primer diálogo, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio que nuclea a docentes porteños, informaron que el planteo trasladado a los funcionarios locales fue que “el aumento para el 2022 supere la inflación del año en curso”.

Amanda Martín (Ademys): “El Gobierno porteño no hizo ningún tipo de propuesta salarial, por lo tanto, los docentes planteamos la equiparación salarial a la canasta familiar y, por supuesto, una cláusula de indexación mensual para no perder contra la inflación”

Mencionaron también la necesidad de “generar un proceso de recuperación de lo perdido durante los últimos años de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta” y remarcaron que “debe ser una Mesa Salarial abierta todo el año para poder monitorear, corregir y asegurar que lxs trabajadores de la educación le ganemos a la inflación”.

Y reafirmaron el reclamo de un bono de $20.000 para febrero “acorde a los otorgados por Nación y Provincia de Buenos Aires”, así como “la eliminación de las categorías y topes de las asignaciones familiares, condiciones dignas de trabajo y salud para lxs docentes y estudiantes, estabilidad laboral para todxs lxs docentes de nivel secundario en todas sus modalidades y superior, y mejores condiciones de infraestructura escolar”.

Por su parte, la secretaria gremial de Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Amanda Martín, dijo que “el Gobierno porteño no hizo ningún tipo de propuesta salarial, por lo tanto, los docentes planteamos la equiparación salarial a la canasta familiar y, por supuesto, una cláusula de indexación mensual para no perder contra la inflación”.

La sindicalista indicó que “la Ciudad evocó la paritaria nacional y los problemas derivados de la situación nacional y de la incertidumbre económica” como argumento para no lanzar una cifra de aumento salarial.

Angélica Graciano (UTE): “Lo que no entienden Larreta y Acuña es que volvemos a la regularidad, no a la normalidad, como dijeron ellos. No hay normalidad en un país que atravesó dos años de pandemia”

La primera convocatoria del Ministerio de Educación porteño, en tanto, se produce luego de la decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de eliminar las medidas de cuidado sanitario contra el Covid para la vuelta a las aulas de los alumnos porteños desde el 21 de este mes, lo que generó críticas desde los gremios docentes.

Sobre este punto, la secretaria general de UTE-CTERA, Angélica Graciano, dijo que “lo que no entienden Larreta y Acuña es que volvemos a la regularidad, no a la normalidad, como dijeron ellos. No hay normalidad en un país que atravesó dos años de pandemia”.

Luego, consideró que la intención de los funcionarios es “banalizar siempre cualquier debate pedagógico y de política pública, en el caso específico de la educación han tomado la actitud de negar cualquier política de cuidado”.

“El año pasado ya habían avanzado con que los barbijos eran molestos. También han denostado las vacunas, pero fue la propia comunidad la que se ha comportado con un compromiso ciudadano y hoy está todo el mundo vacunado”, añadió.

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El secretario general de la CTA porteña y secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, expresó hoy que “está claro que el sueño del oligarca es un mundo sin sindicatos” en referencia a los dichos del exfuncionario Marcelo Villegas que habló de “una Gestapo” contra los gremios.

En declaraciones a Contraeditorial, López remarcó que lo sucedido es “la prueba fehaciente de que la herramienta clave en defensa de los trabajadores son los sindicatos, porque eso es lo que quisieron destruir”.

El sindicalista, que participó de una marcha al Palacio de Tribunales para reclamar por el funcionamiento de la Justicia declaró que “el lawfare empieza desde el primero de mayo de 1886, sigue con la Semana Trágica, sigue con la Patagonia Rebelde” y agregó que “lawfare hubo siempre. Siempre el Poder Judicial, los medios, el poder económico y la derecha política atacaron a los sindicatos”.

“Cuando nos quitaron la paritaria nacional fuimos a la Casa Rosada en la Marcha Federal Educativa. Cuando sacaron el 2×1 fuimos a Plaza de Mayo. Cuando quisieron hacer la reforma laboral fuimos al Congreso. Y cuando vemos que hay atropellos en la justicia, vamos a la Corte Suprema”, afirmó.

López añadió que “no es lo mismo un gobierno que quiere formar una Gestapo para destruir a los sindicatos”, en alusión al macrismo, “que uno que intenta ayudar a la organización de los trabajadores”.

También reprochó cuando la Corte Suprema falló a favor del Gobierno porteño por la presencialidad en las escuelas y “en plena pandemia dijo ‘vayan a clases'” dando lugar a que luego de esa decisión hubiera “35 docentes fallecidos”.

“Esos cuatro granujas que están ahí y que por Zoom decidieron que vuelvan 300.000 docentes tienen que tener un límite”, aseveró, y sostuvo que “el límite se lo ponen la Constitución y las leyes, y si no lo cumplen, lo pone el pueblo en la calle, como fue siempre”. (Télam)

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