La ciudad de Córdoba se encuentra en estado de conmoción tras el crimen de Gabriela Mónica Pérez, una joven de 24 años que fue brutalmente asesinada de un balazo en el cuello durante un acto convocado por el Sindicato Obreros de Empleadas y Empresas, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC). Mientras la investigación avanza para dar con el homicida, imágenes impactantes del ataque han salido a la luz.

El trágico incidente tuvo lugar durante la tarde del sábado en el club Yapeyú, ubicado en el barrio homónimo de la ciudad capital. Alrededor de 100 personas se habían congregado en apoyo al líder de la organización gremial, Sergio Fittipaldi. Gabriela se encontraba en compañía de su hermana, Dalma, cuando ocurrió el mortal ataque.

Una cámara de seguridad exterior logró capturar al agresor en acción. Vistiendo un buzo azul y chaleco negro con el rostro cubierto por un barbijo y una gorra, el atacante se acercó sigilosamente a un vehículo estacionado frente a la entrada del club y, a las 14:39, abrió fuego de manera repentina. Tras los disparos, emprendió una huida precipitada. La secuencia de los eventos duró apenas doce segundos.

Otro ángulo de las imágenes revela que, en el momento de los disparos, varias personas pasaban por el lugar y quedaron aterradas ante las detonaciones. Además, una cámara de seguridad interna registró la dramática escena dentro del club.

El video muestra a las personas disfrutando de su comida cuando los disparos sorprendieron a todos. En medio de la confusión, la mayoría corrió en busca de refugio, mientras algunos se asomaron a la calle sin entender lo que estaba ocurriendo. En ese caos, Gabriela resultó gravemente herida y cayó debajo de una mesa. Dalma, en estado de desesperación, comenzó a buscar ayuda de inmediato. La víctima fue trasladada al Hospital de Córdoba, donde lamentablemente falleció debido al balazo.

Dalma relató los horrores del momento: “Estábamos sentados comiendo, y comencé a escuchar disparos, pero pensé que eran fuegos artificiales porque estábamos en una fiesta. Estaba con mi bebé de dos meses a mi lado. Empecé a correr con mi hijo, y cuando busqué a mi hermana en medio de la multitud, vi a la gente corriendo, chocándose, cayendo al suelo. Cuando me di vuelta, vi que alguien seguía disparando desde afuera. Entonces, bajé la mirada y vi a mi hermana tirada en el suelo, sosteniéndose el cuello y retorciéndose. Fui a socorrerla, pero nadie me ayudaba porque nadie entendía lo que estaba pasando. Finalmente, mis compañeros la subieron al auto y la llevaron al hospital“.

El incidente ocurrió en medio de una lucha electoral interna en el gremio, y el sindicato ha denunciado que podría tratarse de un atentado contra el secretario general de SOELSAC, Sergio Fittipaldi. Se han difundido imágenes de un altercado previo a los disparos frente a las puertas del club entre afiliados y otras personas que transitaban en vehículos por el lugar.

Por su parte, la oposición, liderada por Franco Saillén, representante del sindicato de recolectores de residuos Surrbac, que competirá en las elecciones contra Fittipaldi, ha planteado que este incidente podría ser una estrategia para dañar su imagen en medio de los comicios gremiales.

La investigación del caso está en manos de la Fiscalía del Distrito III, Turno 3°, a cargo de Silvana Fernández. Por el momento, el tirador no fue detenido.

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En un fallo histórico, un docente de la Universidad de Córdoba fue condenado a ocho años de prisión por el delito de extorsión a sus propios alumnos. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) luego de un exhaustivo proceso judicial que tuvo lugar a raíz de las denuncias presentadas por los estudiantes universitarios.

El condenado, identificado como Luis Olmedo, de 70 años, además de ser profesor de odontología, era propietario de una academia privada. Según se ha establecido, el docente obligaba a sus alumnos a asistir a dicha academia como requisito indispensable para aprobar la materia que él mismo dictaba.

Junto a Olmedo, también fueron condenados dos docentes colaboradores de su instituto, Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino, a cinco años y seis meses, y cinco años de prisión, respectivamente, por participar en el delito de extorsión.

La sentencia también incluyó una inhabilitación de diez años para el ejercicio de la docencia y cargos públicos para Olmedo, y para los otros dos condenados, según lo establecido por el tribunal.

En un giro sorprendente del caso, la entonces decana de la Facultad de Odontología, Mirta Spalidero de Lutri, también fue encontrada culpable por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La decana recibió denuncias de los alumnos respecto a las acciones del docente, pero no realizó la investigación correspondiente ni informó a las autoridades judiciales. Como resultado, fue condenada a un año y diez meses de prisión en suspenso y recibió una inhabilitación de cuatro años para ocupar funciones públicas.

Durante el juicio, más de 50 testimonios de estudiantes confirmaron que Olmedo condicionaba la aprobación de las materias de Microbiología e Inmunología a la asistencia obligatoria a su academia privada. Aquellos que no cumplían con esta exigencia eran reprobados en sus evaluaciones, obligándolos a rendir las materias múltiples veces para poder aprobarlas.

Los testimonios también revelaron el impacto emocional y académico que esta situación generó en los alumnos, quienes se vieron sometidos a una presión indebida y a una clara vulneración de sus derechos educativos.

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En un contundente respaldo a su gestión, los trabajadores de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) han reelegido a Emiliano Gramajo como líder sindical hasta el año 2027. En las elecciones llevadas a cabo entre el 9 y el 11 de mayo, con Lista Única, se registró una participación masiva e inédita del 71,78% del padrón en toda la provincia de Córdoba.

El oficialismo obtuvo una victoria indiscutible con el 99,3% de los votos, consolidando así el segundo mandato de Gramajo al frente del gremio. En su discurso de aceptación, Gramajo destacó los desafíos que enfrenta el sector del transporte y se refirió a la necesidad de reformar la política de subsidios, que considera descontrolada y con beneficios sectoriales en lugar de beneficios colectivos para los trabajadores y la sociedad en general.

“Vamos a trabajar para implementar políticas de transparencia que aseguren que los subsidios lleguen efectivamente al servicio público de transporte de pasajeros“, expresó Gramajo. “Es el momento de rediscutir el sistema de transporte con los ciudadanos y los trabajadores en el centro, para seguir mejorando nuestros salarios y condiciones laborales“.

Gramajo también agradeció el apoyo de los trabajadores y reafirmó su compromiso de seguir luchando por mejores condiciones laborales y económicas para los empleados del transporte de pasajeros en la provincia de Córdoba. Además, destacó la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para lograr mayor transparencia y eficiencia en el destino de los recursos del sistema de transporte.

La AOITA, que cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), con más de 19 millones de trabajadores en 679 sindicatos de 152 países, tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores del transporte, así como garantizar un servicio público eficiente.

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La Asociación Trabajadores del Estado Córdoba denunció que “una patota que responde al secretario General del gremio de limpieza, Sergio Fittipaldi, atacó brutalmente esta mañana a las trabajadoras de Paicor que se organizan en la CTA Autónoma y que hoy realizan una movilización a Casa de Gobierno para reclamarle a Schiaretti que reconozca la relación laboral que tienen con el programa social, donde cobran salarios por debajo de la línea de la indigencia”.

Según indicaron, “la patota forma parte de la barra brava del club Argentino Peñarol, que a su vez es propiedad de Fittipaldi”.

“El ataque se relaciona con la defensa de los intereses de las empresas proveedoras de PAICOR, íntimamente ligadas al mandamás del gremio de limpieza y a funcionarios provinciales, que se niegan a reconocer a las 6 mil trabajadoras como dependientes del Estado provincial, compañeras que cobran entre 13 y 22 mil pesos mensuales. En el ataque resultaron con heridas 11 compañeras y compañeros, en su mayoría mujeres, una de las cuales transcurre un embarazo de cuatro meses, para agregar dramatismo a la situación.” describieron.

También indicaron que “tres de los integrantes de la patota pudieron ser vistos con armas de fuego”.

La abogada de ATE María Terragno, que también fue parte del grupo de compañeras que sufrió la golpiza, se encuentra realizando las denuncias penales correspondientes.

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La víctima de 23 años denunció que fue encerrada en una garita de control caminero, donde dos efectivos policiales, de 35 y 40 años, abusaron sexualmente de ella, en una ruta de la localidad cordobesa de Brinkmann.

Una agente de 23 años denunció que fue encerrada en una garita de control caminero, donde dos efectivos policiales, de 35 y 40 años, abusaron sexualmente de ella, hecho que, según la denuncia, ocurrió en una ruta de la localidad cordobesa de Brinkmann, en el departamento San Justo del este provincial, informaron este martes fuentes judiciales.

La denuncia se había formalizado ante el fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de San Francisco y luego derivada, por cuestión de competencia jurisdiccional, al fiscal de la localidad de Morteros, Juan Ávila Echenique.

Este fiscal caratuló a la causa como “abuso sexual simple, agravado por la función y condición de jerarquía superior”.

Las autoridades de la institución policial decidieron, preventivamente, el apartamiento de los dos efectivos denunciados mientras se sustancie el sumario administrativo policial y la investigación judicial, según indicaron las fuentes.

La denuncia de la mujer policía, según lo que se conoce hasta el momento, sostiene que junto a los dos denunciados cumplía guardia en un puesto de control policial caminero en las cercanías de Brinkmann, en la intersección de las rutas 1 y 7.

Según la denunciante, en ese lugar fue encerrada en la garita por sus dos compañeros y manoseada hasta que pudo liberarse el ataque, escapar y más tarde hacer la denuncia ante la policía y en la sede judicial de San Francisco.

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