En una reunión con el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, el presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo para un aumento salarial del 33% para los empleados estatales nacionales. Este incremento se realizará en tres tramos acumulativos y se espera que ayude a contrarrestar el impacto inflacionario en los sueldos tanto del sector público como privado.

El anuncio fue realizado por el presidente Fernández a través de su cuenta de Twitter, y representa un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya que esta última no fue convocada para la reunión en la que se acordó el aumento con UPCN. ATE había rechazado previamente la última mejora salarial acordada con UPCN, un gremio liderado por Andrés Rodríguez, quien también es adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Acordamos la paritaria estatal hasta septiembre tras reunirnos con el secretario general de @UPCNok, Andrés Rodríguez. Estamos preservando el ingreso de todas y todos los trabajadores estatales. pic.twitter.com/VkzIKgjlcz

— Alberto Fernández (@alferdez) May 29, 2023

El presidente Fernández estuvo acompañado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, durante la firma del acuerdo salarial. El aumento se aplicará en tres etapas: un 7% en junio, un 11% en julio y un 12% en agosto. Al acumularse, estos tramos representan un incremento total del 33% en los salarios. “Acordamos la paritaria estatal hasta septiembre tras reunirnos con el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estamos preservando el ingreso de todas y todos los trabajadores estatales“, expresó el Presidente en Twitter.

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En medio de la constante demanda de aumentos salariales y bonos por parte de diversos gremios, el Ministerio de Economía y la Casa Rosada han rechazado el pedido realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) de implementar una suma fija para los trabajadores.

En una reciente entrevista radial, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, explicó los motivos detrás de esta decisión. “La inflación es un proceso continuo que no puede ser resuelto con una suma fija, ya que esta última es una medida discreta. Los sindicatos utilizan diversos mecanismos de actualización en las negociaciones paritarias, combinando ambos aspectos“, afirmó la funcionaria.

Olmos mencionó el caso del sindicato de Comercio, que recientemente cerró un acuerdo incluyendo una suma fija adicional de 25 mil pesos para asegurar que ningún trabajador gane menos de 200 mil pesos. “Es un enfoque combinado. Las paritarias son un proceso de negociación tripartita. Aunque se logren acuerdos y no haya conflictividad social, en ocasiones se percibe en el ámbito público como si no se estuviera haciendo nada“, agregó.

La ministra también destacó que existen otros programas que incluyen incrementos y bonos adicionales para ciertos sectores. “Por ejemplo, los jubilados reciben un bono adicional, que es una suma fija. En el caso de la Tarjeta Alimentar, se ha implementado un aumento del 35%. La Asignación Universal por Hijo se ajusta según el índice de las jubilaciones, y el programa Potenciar Trabajo se ha actualizado a un 150% anual“, explicó Olmos.

La postura del Gobierno ha generado controversia entre los sindicatos, ya que la CGT sostiene que una suma fija podría ayudar a compensar el impacto de la inflación en los trabajadores. Sin embargo, las autoridades argumentan que es necesario utilizar mecanismos más complejos y flexibles para abordar este problema de manera integral.

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Uno de los Secretarios Generales de la CGT brindó una entrevista con el diario Clarín y dejo unos conceptos sobre la coyuntura política:

• Vamos a tener aumentos salariales que no estén por debajo de la inflación. Ahora el objetivo fundamental del proceso político que se está configurando en estas horas tiene que ir por sobre todas las cosas hacia metas inflacionarias mucho más bajas. No hay ninguna posibilidad de resolver las cuestiones económicas sin la decisión política de encaminar nuestro país hacia esos horizontes.

• Hasta ahora tuvimos un endeudamiento que había que resolver, una irresponsabilidad grandísima del gobierno anterior, y la realidad es que si no se resolvía eso era imposible pensar la viabilidad del país. Este año había que pagar 18.000 millones de dólares, nos agarró la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania distorsionó toda la macroeconomía del mundo. Con esa realidad tenemos que encontrar ideas claras de cómo plantearse una estrategia concreta de baja de inflación y de desarrollo productivo. Para esto hace falta mucho volumen político.

• Sectores de la oposición política que hoy creen que tienen comprada la elección de 2023 y te dicen que, si tiene que haber un shock devaluatorio con suba de tarifas y demás, que le toque a este gobierno, la crisis social derivada también. Por otro lado, sectores financieros que tienen la potestad en un mercado muy pequeño de ubicar una paridad cambiaria y después los sectores del campo, y no hablo contra los productores del campo, pero si contra los que definen la comercialización de granos. A Alfonsín le retiraron todas las ventas y le generaron un proceso hiperinflacionario y se tuvo que ir antes de terminar su mandato.

• Massa es un compañero con un conocimiento de la función pública muy importante, que tiene muchísimos contactos, que es muy respetado por los diversos sectores políticos. En estos momentos definitorios que Massa se sume al Gobierno es muy bueno y especialmente viendo el acompañamiento que tiene del peronismo, como los gobernadores e intendentes. Es una buena llegada en un momento donde se necesita mucha valentía para luchar contra la inflación, para elaborar un plan antiinflacionario que no pase por agudizar la crisis social ni hundir más a los más vulnerables y acompasado con un proyecto de país productivo y de desarrollo.

• Cristina es la persona con mayor peso político dentro de la coalición gobernante. Marcó matices de formas que a mí no me gustan que se hubieran marcado. No me gustaron las formas. Y creo que faltó un lugar de debate, tener espacios de debate donde consensuemos hacia donde ir y a partir de ahí establecer la defensa de la gestión. La posibilidad de que el Presidente y la Vicepresidenta hubieran tenido en su intimidad o la intimidad de una mesa donde se debatan todas estas cosas hubiera sido lo más saludable. En el medio hay diferencias de acumulación de poder que no se pueden negar, pero esas diferencias no nos pueden llevar a no ver el momento que estamos viviendo.

• Para que se dé eso Alberto tiene que terminar su mandato en forma exitosa o si no el peronismo resolverá cual es el mejor candidato llegado el momento. Pero de acá al 2023 falta poco en días y una eternidad en política. Queda mucho para transitar y no estar hablando del 2023. Creo que hay un gran abanico de candidatos.

• Bajo ningún punto de vista existe la posibilidad de ruptura de la CGT. Todos comprendimos que tenemos que trabajar en un camino común para construir solidez desde el movimiento obrero para defender nuestros intereses y tener la incidencia en el proyecto de país que queremos.

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El secretario adjunto de la CGT Héctor Daer ratificó el respaldo de la central obrera a la administración de Alberto Fernández y a la negociación que el Gobierno encara con el Fondo Monetario Internacional.

Apoyó los lineamientos centrales del oficialismo para arribar a ese acuerdo y destacó que es la primera vez que un gobierno “va al FMI sin llevar en sus papeles el lomo de los laburantes”.

“Esta es una deuda contraída por la irresponsabilidad de un gobierno democrático”, como lo fue el de Mauricio Macri. Pero, en cambio, con la gestión del Frente de Todos “es la primera vez que los gobernantes van al Fondo Monetario sin llevar en sus papeles el lomo de los laburantes”, remarcó Daer durante una entrevista por Radio 10.

De esta manera, el titular de la central obrera salió al cruce de los sectores que cuestionaron a la CGT por apoyar una refinanciación con el organismo al que siempre cuestionó y enfrentó.

“Es la primera vez que no se va al Fondo con reformas laborales, previsionales, que en definitiva son lo que cambian la estructura social de un país”, insistió en referencia a lo que él denominó como dos instituciones clave: “La seguridad social, que es la salud y la política previsional, y la estructura de las relaciones laborales”.

De la misma manera, Daer expresó su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo de sentar en una mesa a distintos sectores para encontrar una salida concreta a la escalada de precios que tiene en jaque a la economía doméstica.

En su opinión, “todos los actores sociales tenemos la responsabilidad de ir a frenar los embates de la inflación” y, en este sentido, consideró que ese paso debiera ser el inmediatamente posterior al acuerdo con el FMI.

Para concluir, el referente de la CGT indicó, “Creo que una vez despejada la perspectiva macroeconómica tenemos que ir con un acuerdo que no tenga el efecto neoliberal de devaluar o aumentar bruscamente tarifas. Lo que tenemos que buscar es una convergencia para la baja de la inflación, que sea sostenible y permanente”.

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El Ministerio de Salud destina $2000 millones para las obras sociales para que cancelen deudas con proveedores; Comercio, Uatre, Uocra y UPCN, entre los más favorecidos.

El Ministerio de Salud resolvió otorgar $2000 millones a obras sociales para atender saldos pendientes de cancelación con proveedores y prestadores. A través de la resolución 294/2022 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada hoy en el Boletín Oficial, se aprobó el procedimiento de pago a cuenta de $2000 millones a 247 obras sociales con saldos pendientes, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).

El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes del seguro de salud, pendientes de cancelación al día de la fecha. Seis de las 247 entidades concentran el 25% del total de los recursos otorgados: Osecac (Empleados de Comercio y Actividades Civiles), con $ 265.619.381; OSDE (Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresas), con $ 113.034.771; Osprera (Personal Rural y Estibadores), con $ 96.143.886; Ospecon (Personal de la Construcción), con $ 85.698.094, Unión Personal (UPCN), con $80.322.040; y OSPE (Petroleros), con $ 60.892.884.

La Superintendencia destacó que “habiéndose efectuado un análisis de la distribución de fondos otorgados”, así como “las proyecciones simuladas para el adelanto de mayo de 2021, se elaboró en dicho mes una nueva fórmula de distribución de fondos, también de carácter transitorio y excepcional”.

En esa oportunidad se recurrió a la “utilización de nuevos parámetros que ponderan indicadores económicos y prestacionales y permiten mantener un equilibrio en la distribución de fondos hacia los Agentes del Seguro de Salud, la que se continuó utilizando en los meses sucesivos”.

”Debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad del organismo de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físico”, aclaró la Superintendencia en los considerandos de la resolución.

Al respecto, agregó que “no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

En consecuencia, consideró que “resulta oportuno que este organismo continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

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