El Congreso nacional de la Asociación Bancaria promoverá la sanción de Ley de Servicios Financieros y, además, denunció a la banca privada por “marcadas irregularidades”.
El 48° Congreso Nacional de la Asociación Bancaria (AB), encabezada por Sergio Palazzo, decidió promover la sanción de una nueva Ley de Servicios Financieros que dirija a la actividad hacia el desarrollo de la economía real, al tiempo que denunció a las entidades privadas por “marcadas irregularidades” y reclamará al Banco Central (BCRA) que se ponga en marcha una reforma normativa que garantice un único marco para el funcionamiento del sector y su adecuado contralor.
Durante el encuentro, que contó con la presencia del Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof, los congresales determinaron que esa ley de servicios financieros debe estipular medidas de seguridad coherentes con los riesgos sistémicos de la introducción masiva de inteligencia artificial y las debilidades de las tecnologías de la comunicación.
“Esa norma tiene que garantizar la adecuada distribución de sucursales en todo el país para solventar la atención personalizada y el asesoramiento financiero; determinar la operatividad del sistema y el suficiente acceso a la moneda nacional en caso de acciones destructivas o disruptivas de las redes digitales”, apuntaron.
Además, se planteó la necesidad de que la norma reduzca la jornada laboral de 7.30 horas, mientras se apunta a reglamentar el teletrabajo, organizar a los tercerizados a partir de su reconocimiento como bancarios e implementar los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad, a la vez que tiene que promover la formación del personal como asesores financieros públicos, lo que debe ser certificado por las autoridades educativas.
“Esa nueva ley debe contemplar garantías para la privacidad de los trabajadores y garantizar que el personal y los sindicatos sean informados de forma previa por las empresas sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que incidan en las condiciones de trabajo, la carrera profesional, el acceso y mantenimiento del empleo y la metodología de elaboración de perfiles, que pueden violentar la legislación y la Constitución”, añadió el gremio mediante un comunicado oficial.