La crisis económica que acarrea el avance de la pandemia de Coronavirus parece haber generado una progresiva desobediencia con respecto a la cuarentena: los trabajadores, obligados, volvieron a la calle.
Según el último informe del INDEC, el índice de pobreza es de 40,9%. En criollo: aproximadamente 18 millones de personas en Argentina no pueden cumplir con sus necesidades básicas. Estos números confirman el enorme impacto que tuvo la pandemia y la parálisis económica que trajo consigo. Como consecuencia, numerosas manifestaciones se han sucedido a lo largo de las últimas semanas y en todas se encuentra el pésimo panorama económico como factor común, dejando atrás lo que supo ser un alto acatamiento de la cuarentena en aquellos primeros momentos.
Atrás también quedaron los aplausos de las 21 horas para el personal sanitario. A pesar de estar en la primera línea en el combate contra el Coronavirus, los y las trabajadoras de enfermería fueron quienes se llevaron la peor parte. El 21 se septiembre se manifestaron en la Legislatura porteña para exigir ser reconocidos como trabajadores de la salud y, en consecuencia, reclamar tanto por un incremento salarial como por mejores condiciones laborales para el sector. Sin embargo, la Policía de la Ciudad puso en marcha su peor cara y comenzó la represión. En el Día de la Sanidad, los trabajadores no recibieron congratulaciones: sólo palos, sangre y golpes.
Continuando con el recorrido de movilizaciones, llegamos a los docentes, rubro que ha tenido que readecuarse de manera imprevista e inmediata al nuevo contexto educativo. La semana pasada, la Conadu Histórica realizó un paro para reclamar un incremento salarial. Además, desde el sindicato exigen un reintegro por los gastos de conexión y equipamiento de los que se hicieron cargo en lo que va del ciclo lectivo virtual. En señal de protesta, realizaron un “facturazo”: empapelaron el rectorado de la UBA con las facturas de internet que ellos han pagado.
Por su parte, los trabajadores judiciales nucleados en la UEJN también hicieron escuchar su reclamo. Conducidos por Julio Piumato, llevaron adelante un plan de lucha de 36 horas que se produjo la semana pasada y también la anterior, en donde propusieron un cese de actividades y se manifestaron en el Palacio de Justicia y en cada dependencia del interior del país. Reclaman un 25% de aumento y afirman que son los trabajadores quienes aportan los recursos tecnológicos necesarios para mantener a la Justicia en funcionamiento a través del teletrabajo.
Mirando hacia otras latitudes, en la provincia de La Rioja se llevó adelante la semana pasada una manifestación de choferes de micros (UTA), quienes reclamaban estabilidad laboral y el cobro de sus salarios. Cuando se movilizaron hacia la plaza central, los trabajadores fueron agredidos por la policía que les impidió el paso, lo que derivó en una escalada de violencia: los choferes reaccionaron con empujones, piedras y golpes, y los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Finalmente, el conflicto dejó como saldo numerosos heridos y detenidos.
Otros que han vuelto a la calle fueron los trabajadores pasteleros, quienes el 25 de septiembre se movilizaron hacia la sede central del sindicato para exigir una mejora salarial del 30%. Sumado a esto, los pasteleros reclamaron la creación de una nueva rama industrial específica dentro del rubro y poder tener así un convenio que los ampare adecuadamente, ya que dentro del mismo gremio existen demasiadas agrupaciones que trabajan de manera distinta.
Las y los investigadores del CONICET también llevaron su voz a la calle. Los días 22 y 23 de septiembre realizaron un paro con movilización para exigir por una recomposición salarial, ya que afirmaron que sus salarios se encuentran “en el peor nivel histórico desde el 2002”. La protesta se realizó tanto de manera virtual con la suspensión del teletrabajo como de manera presencial con manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo.
Para concluir con el recorrido, cabe destacar que ATE anunció un paro nacional con movilización para el próximo martes 6 de octubre en rechazo al aumento del 7% ofrecido en las negociaciones paritarias. El gremio se reunirá en el Obelisco y machará hacia el Congreso para hacer oír sus reclamos.
Para empezar a dar respuestas a esta situación crítica, el Ministerio de Trabajo -conducido por Claudio Moroni– convocó para mediados de octubre al Consejo del Salario. La reunión contará con la presencia de empresarios, funcionarios y dirigentes de la CGT y la CTA. Juntos determinarán el nuevo piso del salario mínimo, vital y móvil, y también los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Otra medida que resulta importante en vistas de comenzar a ofrecer soluciones fue la creación del Espacio de Producción y Trabajo, formado por distintos actores sindicales, ministros, diputados, empresarios y organizaciones de trabajadores. El objetivo en común que se persigue es el fortalecimiento del mercado interno mediante el desarrollo de la industria nacional y la generación de empleo genuino, con la meta puesta en aclarar el horizonte para los trabajadores.
