El Ministerio de Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria en el conflicto de Sanidad

La cartera de Trabajo extendió por cinco días hábiles la conciliación obligatoria dictada en el conflicto entre el gremio y las patronales. Por su parte, Sanidad convocó a un paro para el próximo cuatro de agosto.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, prorrogó por cinco días hábiles la conciliación obligatoria dictada en el conflicto salarial entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y las cámaras empresariales, de modo que el gremio convocó a un paro nacional con movilización para el 4 de agosto próximo.

Cabe destacar que dicho paro había sido convocado para este jueves, pero, a raíz de la continuidad de la medida dictada por la cartera de Trabajo, lo postergó para el miércoles 4 de agosto con el objetivo de exigir un incremento salarial ante “la permanente intransigencia patronal a recomponer los salarios”. Asimismo, la huelga nacional había sido convocada por Fatsa en todas las clínicas, sanatorios, laboratorios, geriátricos y hospitales de comunidad privados comprendidos en 5 convenios colectivos laborales en demanda de un aumento del 45 por ciento.

Por su parte, el gremio inició el Estado de Alerta y publicó un documento en el cual declaró: “La decisión ministerial es injusta e ilegítima. No se puede impedir la realización de medidas de fuerza, cuya única finalidad es lograr la actualización de los básicos del sector asistencial. El gremio negocia hace más de dos meses de buena fe y, los empresarios, se niegan a formular una propuesta”.

Héctor Daer y Carlos West Ocampo, máximos referentes de Fatsa, aseguraron que la resolución de la cartera laboral solo dilata “la solución del conflicto salarial“, por lo que ratificaron la huelga nacional para el 4 de agosto, que será acompañada por “una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires”, afirmaron.

“Si los trabajadores pelean contra la pandemia de coronavirus pueden hacerlo en rechazo de la mezquindad de los empresarios. Gobierno y patrones deben prestar atención y asumir las responsabilidades. Cuando una injusticia social alcanza esta dimensión es porque no son reales las prioridades declamadas“, agregó Daer.