Trabajadores de la empresa recuperada “La Litoraleña” presentan proyecto de expropiación en la Legislatura porteña para garantizar la continuidad de sus empleos y trabajo autogestionado.
Trabajadores de la empresa recuperada “La Litoraleña” solicitan la expropiación del edificio donde operan, ubicado en el barrio de Chacarita, debido a una orden de desalojo judicial pendiente. La propuesta fue presentada por los trabajadores en la Legislatura porteña y cuenta con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Berenice Iáñez y Laura Velasco.
El proyecto busca declarar de “utilidad pública y sujetos a expropiación” tanto los bienes muebles e inmuebles de la empresa, situados en la calle Giradot 331 y 345 de Chacarita. La intención es que estos bienes sean destinados a la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, siempre y cuando la cooperativa mantenga su actividad productiva y los puestos de trabajo.
La Litoraleña ha estado operando durante siete años con más de 50 asociados, dedicándose a la producción de tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas, tras la quiebra de Deconti SA. Los trabajadores de la cooperativa afirman que no están solicitando una donación, sino la oportunidad de seguir trabajando y aportando soluciones.
Luis Baini, presidente de la cooperativa, sostuvo que “no pedimos que nos regalen nada, sino trabajar. Traemos soluciones y no problemas“. Estas declaraciones enfatizan la determinación de los trabajadores de La Litoraleña de mantenerse activos y productivos.
Fabián Pierucci, uno de los trabajadores de la cooperativa, explicó que el proyecto presentado “es trascendental para el destino de La Litoraleña y lo traemos a este ámbito democrático para poner en el tapete el trabajo autogestionado que genera tanta resistencia desde la política“. Estas palabras resaltan la importancia del modelo de trabajo autogestionado y su lucha por el reconocimiento y apoyo en el ámbito político.
El proyecto surge en medio de un litigio judicial que enfrenta la cooperativa y que ha resultado en una orden de desalojo emitida por la justicia en lo Comercial. Esta decisión rápida por parte de los magistrados ha generado dudas sobre las motivaciones detrás de la misma.
En este sentido, los legisladores presentes en la conferencia de prensa, destacaron la importancia de garantizar un espacio de trabajo en el barrio de Chacarita en lugar de permitir que se convierta en un negocio inmobiliario. El bloque del Frente de Todos ha respaldado el proyecto, argumentando que decisiones judiciales como esta ponen en peligro los puestos de trabajo de 50 personas y sus respectivas familias.