La CGT, CTA-A y CTA-T alertan sobre restricciones a derechos constitucionales y persecución sindical.
En la víspera de la movilización convocada por la Unidad Piquetera desde el Congreso a Plaza de Mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a las Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma (CTA-A) y de los Trabajadores (CTA-T), urgieron este martes a la intervención del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, ante la inminente aplicación del polémico protocolo de orden público.
La presentación conjunta de las tres principales centrales sindicales se llevó a cabo horas antes del inicio de la marcha, que se convertirá en el primer test para el protocolo antipiquetes anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En el comunicado, la CGT y las dos CTA expresaron su preocupación, señalando que el protocolo “restringe y vulnera los derechos constitucionales” y denunciaron que “alienta a la persecución sindical y busca criminalizar la protesta social“. Además, instaron a remitir la denuncia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, solicitando un “urgente tratamiento” por violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Las centrales sindicales argumentaron que el protocolo es “incompatible con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT“, considerándolo una “reglamentación abusiva tendiente a desconocer derechos constitucionales reconocidos“.
En el comunicado, también destacaron que el protocolo contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT y pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga, incluyendo el derecho de protesta y manifestación.
El llamado urgente del movimiento sindical argentino al Director General de la OIT busca poner en conocimiento los recientes acontecimientos que afectan a los trabajadores de la República Argentina, solicitando que la denuncia sea tratada con “extrema urgencia” por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
El texto fue firmado por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras: Gerardo Martínez, Adolfo Aguirre y Roberto Baradel.