Un caso de extorsión académica sacude a la Universidad de Córdoba y culmina con condenas ejemplares.
En un fallo histórico, un docente de la Universidad de Córdoba fue condenado a ocho años de prisión por el delito de extorsión a sus propios alumnos. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) luego de un exhaustivo proceso judicial que tuvo lugar a raíz de las denuncias presentadas por los estudiantes universitarios.
El condenado, identificado como Luis Olmedo, de 70 años, además de ser profesor de odontología, era propietario de una academia privada. Según se ha establecido, el docente obligaba a sus alumnos a asistir a dicha academia como requisito indispensable para aprobar la materia que él mismo dictaba.
Junto a Olmedo, también fueron condenados dos docentes colaboradores de su instituto, Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino, a cinco años y seis meses, y cinco años de prisión, respectivamente, por participar en el delito de extorsión.
La sentencia también incluyó una inhabilitación de diez años para el ejercicio de la docencia y cargos públicos para Olmedo, y para los otros dos condenados, según lo establecido por el tribunal.
En un giro sorprendente del caso, la entonces decana de la Facultad de Odontología, Mirta Spalidero de Lutri, también fue encontrada culpable por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La decana recibió denuncias de los alumnos respecto a las acciones del docente, pero no realizó la investigación correspondiente ni informó a las autoridades judiciales. Como resultado, fue condenada a un año y diez meses de prisión en suspenso y recibió una inhabilitación de cuatro años para ocupar funciones públicas.
Durante el juicio, más de 50 testimonios de estudiantes confirmaron que Olmedo condicionaba la aprobación de las materias de Microbiología e Inmunología a la asistencia obligatoria a su academia privada. Aquellos que no cumplían con esta exigencia eran reprobados en sus evaluaciones, obligándolos a rendir las materias múltiples veces para poder aprobarlas.
Los testimonios también revelaron el impacto emocional y académico que esta situación generó en los alumnos, quienes se vieron sometidos a una presión indebida y a una clara vulneración de sus derechos educativos.