La Corte Suprema se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Héctor Marchi, extitular de la Secretaría de Administración, denunciara millonarias irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. El testimonio de Marchi ha generado una interna en los gremios judiciales, con posiciones encontradas sobre la veracidad de las acusaciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en medio de una intensa disputa interna que divide a los dos principales gremios judiciales del país. En el centro de la controversia se encuentra Héctor Marchi, ex titular de la Secretaría de Administración de la Corte Suprema, quien se presentó en los tribunales federales para ofrecer auditorías que revelan millonarias irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.
En su declaración, Marchi denunció amenazas y aprietes por parte de un operador del juez Horacio Rosatti. Según sus palabras, el responsable de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) era el juez Juan Carlos Maqueda y que todo pasaba por él. Marchi describió hallazgos alarmantes en las auditorías, incluyendo la falta de controles de pago e ingresos, diferencias de inventario, la falta de conciliaciones bancarias y presupuestos. También afirmó que los contadores que firmaron durante diez años indicaron que el sistema no era confiable y que la información podría ser cambiada de un día para otro.
Según Marchi, la Obra Social es un “desastre” en materia de gestión financiera, con remanentes de hasta 10 mil millones de pesos en cuentas corrientes debido a la falta de realización de plazos fijos, lo que ha provocado una pérdida de 3 mil millones de pesos y la imposibilidad de prestar servicios a los afiliados durante dos meses.
Las acusaciones de Marchi han provocado una interna en los sindicatos judiciales. La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), liderada por Julio Piumato, emitió un comunicado acusando a Marchi de mentiroso con el único fin de justificar su gestión y expresando su repudio. En cambio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) destacó que el testimonio de Marchi y otros evidenció manejos espurios de la Corte y persecución a los trabajadores.
Ante esta situación, el exadministrador de la Corte ha pedido declarar como testigo para “ofrecer prueba” en una causa judicial que investiga supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. La fiscalía recibió el escrito y lo giró al juzgado federal 12, que actualmente está a cargo de Ariel Lijo.