Con iguales recursos que en 2023, el efecto licuadora impacta en todas las Universidades nacionales. Sin nuevos fondos no podrían funcionar en unos meses.
En un escenario de ajuste presupuestario que amenaza con paralizar la educación superior, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones nacionales enfrentan una preocupante realidad financiera. Con recursos que apenas alcanzan para pagar los salarios docentes hasta el próximo bimestre, las universidades advierten sobre la inminencia de un colapso operativo.
La falta de una discusión y aprobación del presupuesto para el año en curso ha dejado a las universidades en una situación crítica. A pesar de contar nominalmente con el mismo nivel de crédito que el año anterior, la galopante inflación ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de estos fondos, dejándolos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Desde hace tiempo, los rectores de las universidades han estado alertando sobre esta crisis financiera. Recientemente, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo para expresar la gravedad de la situación. Sin embargo, las respuestas del gobierno parecen ser escasas.
El presupuesto asignado para la Educación Superior en 2024 es el mismo que en el año anterior, a pesar del crecimiento de las necesidades y la inflación descontrolada. En el caso de la UBA, casi la mitad de los recursos asignados para todo el año ya se han utilizado para pagar salarios durante el primer bimestre.
La crisis también golpea a los hospitales universitarios, como el Hospital de Clínicas, el Roffo y el Alfredo Lanari, que atienden a una gran parte de la población del área metropolitana. La asistencia financiera nominal recibida en los primeros meses del año ha sido insuficiente, lo que ha llevado a una disminución del 60% en términos reales.
Ante esta situación crítica, los gremios docentes y no docentes de todas las universidades nacionales llevaron a cabo un paro la semana pasada. En un intento por mitigar la crisis, el gobierno anunció un refuerzo presupuestario del 70% para gastos de funcionamiento, como servicios básicos.
Sin embargo, queda claro que esta medida no es suficiente para resolver el problema subyacente. A menos que se tomen acciones decisivas para garantizar un financiamiento adecuado, las universidades nacionales podrían enfrentar un cierre inminente en el segundo semestre del año, dejando a miles de estudiantes y profesores en la incertidumbre.
Fuente: Clarín